Solo en los últimos tres años. En tanto, otros 40 agremiados están amenazados de muerte a nivel nacional, advierte Luis Villanueva, secretario de organización de la FTCC. Cientos de trabajadores marcharon para exigir justicia.Alto al crimen.,Óscar Chumpitaz C. El asesinato de Carlos Malásquez Bastante conmovió y sigue sacudiendo a todos los sindicalizados en la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCC). Luis Villanueva Carbajal, secretario de organización de ese gremio, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen los crímenes de 11 dirigentes que se enfrentaron a los seudosindicatos dedicados al secuestro, la extorsión y al sicariato. Con evidente preocupación aseguró que otros 40 líderes sindicales se encuentran amenazados de muerte. "Estamos consternados por la violencia que afecta a nuestra organización e indignados porque la muerte de la mayoría de nuestros dirigentes ha quedado en la impunidad cuando lo único que querían era el progreso de nuestros pueblos", señaló Villanueva. "¿Qué están esperando las autoridades?, no queremos más muertes", se preguntó. Ayer, decenas de obreros de las bases de construcción civil de Lima, Callao, Chincha, Ica y otras ciudades del país realizaron una marcha para exigir justicia por estos crímenes perpetrados por delincuentes a sueldo que actúan bajo las órdenes de las mafias de construcción. Silenciados a balazos Estos ataques forman parte de una ola de violencia desatada por mafias que se disputan el control de las obras, y que ahora se extiende también a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, el gremio oficial ajeno a las actividades delincuenciales. Villanueva Carbajal explicó que el primer crimen que golpeó a la dirigencia de la FTCC fue cometido el 19 de marzo contra Jorge Correa Piedra, secretario general de Chepén. El 19 de agosto de ese mismo año fue victimado Jorge Vargas Guillén, secretario de organización de San Pedro de Lloc. La lista se fue incrementando al año siguiente con otros cuatro homicidios. La tarde del 10 de febrero del 2012 –recordó– fue asesinado Armando Viera Rosales, secretario de organización del Callao; y el 3 de julio fue acribillado a balazos Guillermo Yacila Ubillus, secretario general adjunto de esa provincia constitucional. Asimismo, el 7 de agosto del 2012 murió a tiros Rubén Soberón Estela, secretario de organización de Chiclayo; y el 18 de octubre de ese mismo año cayó abatido Fabio Carbonero Tocasque, secretario general de Cañete. Crimen costó S/. 50 mil El año pasado también silenciaron a tres agremiados. El 4 de abril del 2013 fue asesinado Gilmer Castro Arteaga, secretario general de Paramonga; mientras que el 7 de junio fue asesinado César García Chinchay, secretario de disciplina de ese mismo distrito. Los crímenes continuaron con Jesús Aníbal Ruíz Díaz, secretario general de Barranca. Murió a tiros el 21 de octubre del 2013. Sus asesinos llegaron a cobrar 50 mil soles por materializar el crimen. Finalmente, el 8 de marzo de este año fue asesinado Saturnino Rodríguez, secretario de organización de Huaycán; mientras que Carlos Malásquez Bastante, secretario de organización del Callao fue eliminado el 25 de noviembre último. No le hicieron caso Tres días antes, el dirigente se había reunido con un oficial de la Dirección de Protección de Obras Civiles (Diproc) para advertirle que su vida corría peligro. No tuvo protección. “Es un hecho doloroso, no hay lágrimas para llorarlo ni gritos para protestar”, dijo Carmela Sifuentes, presidenta (i) de la CGTP. “Me preocupa que no veo una reacción proporcional de las diversas instituciones ante estos asesinatos”, expresó, muy consternada. Diversas organizaciones sociales, sindicales y personalidades participaron ayer en un acto de solidaridad hacia los trabajadores de construcción civil asesinados y los que enfrentan amenazas de muerte. Mafias ganan hasta S/. 11 millones al año Un negocio muy rentable representa para las mafias que se infiltran en el sector de construcción civil extorsionar a empresarios. Cada año ganan hasta 11 millones de soles por cobros a los concesionarios y encargados de las obras civiles. Buenaventura Vera, uno de los dirigentes amenazados de muerte, explica que los delincuentes piden el 1%, 2% y 3% del total de la obra, además obligan a los empresarios a pagarles a 4 o 6 falsos empleados de seguridad, a quienes denominan ‘chalecos’. A ellos les pagan mil soles semanales. Apenas sale una gran obra, ellos localizan al propietario, al concesionario y al ingeniero. Saben dónde viven y los amenazan de muerte si no aceptan pagar los 'cupos laborales'. EN CIFRAS 200 mil trabajadores afiliados legalmente a la FTCC hay a nivel nacional. 3 de los 11 dirigentes asesinados eran del Callao y otros tres de Barranca. 12 dirigentes de Construcción han sido expulsados del gremio de la FTCC en un año.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024