Empresa ganó obra de S/80 millones en Loreto pese a no acreditar experiencia exigida de su personal, advierte Contraloría
Auditoría concluyó que el MTC otorgó la buena pro al Consorcio Argos pese a que personal clave no acreditó la experiencia exigida. Además, uno de sus integrantes estaba impedido de contratar con el Estado y se detectaron documentos presuntamente falsos. Contraloría recomendó iniciar acciones penales contra funcionarios.
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Un informe de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en las contrataciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para rehabilitar el Aeródromo de Yurimaguas, ubicado en la provincia de Alto Amazonas, Loreto. Entre los hechos observados figura la adjudicación de un contrato por más de S/80 millones a un consorcio que, según el órgano de control, no acreditó adecuadamente la experiencia de parte de su personal clave.
El Informe de Auditoría N.° 021-2026-2-5304-AC, emitido por el Órgano de Control Institucional del MTC, examinó los procedimientos para la ejecución y supervisión de la reparación de la pista de aterrizaje, plataforma de aeronaves, calle de rodaje, márgenes y franja de pista, sistema de drenaje y cerco del aeropuerto.
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MTC firmó contrato por S/80,8 millones pese a cuestionamientos
La principal observación corresponde a la Licitación Pública de Obras N.° 001-2025-MTC/10. De acuerdo con la Contraloría, durante la evaluación de las propuestas, la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico del MTC emitió opinión favorable y el comité de selección validó los certificados presentados por el Consorcio Argos para acreditar la experiencia de dos profesionales considerados personal clave.
Se trataba del especialista en Hidrología y Drenaje y del especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, la auditoría concluyó que la documentación presentada no acreditaba la experiencia mínima establecida en las bases integradas.
Pese a ello, el comité consideró que la oferta cumplía con los requisitos y otorgó la buena pro. El 25 de septiembre de 2025, el MTC y el Consorcio Argos suscribieron el contrato N.° 158-2025-MTC/10.02 por S/80.868.102,81.
Para la Contraloría, esta actuación permitió contratar por más de S/80 millones "sin garantizar la capacidad técnica necesaria" para ejecutar la obra y cumplir el objetivo público de rehabilitar el aeropuerto.
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Empresa del consorcio estaba impedida de contratar, según Contraloría
La auditoría detectó otro hecho que fue consignado como un “aspecto relevante”. El Consorcio Argos estaba formado por Corporación Katsumoto S.A.C. y Grupo Bucer S.A.C.V. Sucursal del Perú.
La revisión de información de Sunarp, Sunat y del Registro Nacional de Proveedores llevó a la comisión auditora a concluir que Corporación Katsumoto se encontraba impedida de contratar con el Estado entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre de 2025.
La razón era su vinculación con Brontes Constructora S.A., empresa sancionada. Según el documento, Humberto Toro Villalovos, gerente general y representante legal de Katsumoto, había ejercido como director de Brontes. El órgano de control consideró que dicha relación estaba comprendida dentro de los impedimentos previstos en la normativa de contrataciones públicas.
El proceso para la rehabilitación del aeropuerto fue convocado el 3 de julio de 2025, Katsumoto se registró como participante el 10 de julio y el Consorcio Argos presentó su oferta en agosto, es decir, dentro del periodo en que —según la auditoría— existía el impedimento.
Tres documentos serían presuntamente falsos, según Contraloría
A ello se suma un tercer cuestionamiento. El Consorcio Argos presentó documentación destinada a acreditar la experiencia de Vitelio Asencios Tarazona, propuesto como especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Al efectuar verificaciones posteriores, la comisión auditora obtuvo respuestas de empresas que negaron haber emitido algunos de los certificados que figuraban en la propuesta. Asimismo, el Gobierno Regional de Ucayali, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado y la Municipalidad de Sepahua no encontraron documentación que acreditara las prestaciones consignadas.
Con estos elementos, la Contraloría concluyó que la oferta había sido sustentada con tres documentos presuntamente falsos. El órgano de control también detectó que el MTC no realizó una fiscalización posterior de toda la documentación presentada por el ganador. La propia información de la entidad indicaba que la revisión se efectuaba de manera parcial y que los documentos correspondientes al especialista cuestionado no habían sido fiscalizados.
Concurso para supervisión terminó anulado parcialmente y luego desierto
Las irregularidades no se limitaron a la contratación de la obra. La Contraloría también observó el proceso destinado a contratar la supervisión, cuyo monto estimado ascendía a S/4.660.432,96.
El comité adjudicó inicialmente la buena pro al Consorcio Aeródromo Yuri, pese a que Hidroingeniería S.R.L., empresa que acreditaba la mayor experiencia dentro del consorcio, tenía una participación de 50%. Las bases establecían un mínimo de 60%.
En paralelo, el comité evaluó al Consorcio Supervisor Yurimaguas y le asignó cero puntos en uno de los factores relacionados con certificaciones del personal clave, sin desarrollar, según el informe, una motivación clara, suficiente e integral.
Los cuestionamientos derivaron en recursos de apelación. Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado declaró la nulidad parcial del procedimiento, ordenó retrotraerlo hasta la etapa de evaluación y dispuso una nueva revisión. Después de esta, el comité determinó que no había propuestas válidas y declaró desierto el concurso el 12 de diciembre de 2025.
Contraloría pide acciones penales
Las conclusiones de la auditoría atribuyen los hechos a decisiones del comité de selección y de servidores del área usuaria del MTC. El informe desarrolla presuntas responsabilidades administrativas de funcionarios y servidores involucrados en la evaluación de las ofertas.
Como parte de sus recomendaciones, la Contraloría ordenó que el MTC adopte medidas para determinar responsabilidades administrativas por las dos observaciones y comunique a las autoridades competentes los indicios relacionados con la contratación de una empresa impedida y la presentación de documentación presuntamente falsa.
La recomendación más severa está dirigida a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a la que se solicita "iniciar las acciones penales contra los servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 1", con el objetivo de determinar las responsabilidades que correspondan.
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