Condenan a exjefe del Depincri y tres policías por amenazar con 'sembrar droga' y exigir S/2.500 a ciudadano
Los agentes amenazaron al intervenido con sembrarle droga si no pagaba para recuperar su libertad. Incluso retuvieron su motocicleta como garantía mientras conseguía el dinero.
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Un comandante y tres suboficiales de la Policía Nacional fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva cada uno por exigir dinero a un ciudadano al que habían detenido arbitrariamente y amenazarlo con sembrarle droga si no pagaba para recuperar su libertad.
La sentencia fue obtenida en segunda instancia por la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Nelly Castro Olaechea. El Poder Judicial revocó la absolución dictada inicialmente y estableció la responsabilidad de los cuatro agentes por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
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Los condenados son el comandante PNP Ricardo Enrique Vargas Contreras, exjefe del Depincri Cercado de Lima, y los suboficiales PNP Leo Santos Catunta Marín, Edwar Leoncio Concha Sarango y Alexander Ricardo Ayma Cornejo.
Además de la pena de cárcel, el fallo impuso a cada uno cinco años de inhabilitación, con privación de sus grados policiales, y estableció el pago solidario de S/18.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
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Detuvieron a ciudadano y lo amenazaron con sembrarle droga
Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024, cuando agentes del Grupo "B" de Inteligencia del Depincri Cercado de Lima intervinieron a un ciudadano en el jirón Conchucos, en el distrito de Lima.
Según la investigación fiscal, la intervención fue arbitraria y el ciudadano fue trasladado a la sede policial. Una vez allí, los agentes omitieron registrar oficialmente su ingreso y lo agredieron físicamente.
Los policías le exigieron inicialmente S/5.000 a cambio de dejarlo en libertad y lo amenazaron con colocarle droga para incriminarlo si no entregaba el dinero. La exigencia económica posteriormente se redujo a S/2.500, luego de que los agentes coordinaran con el entonces jefe del Depincri, el comandante Ricardo Vargas Contreras.
Como el intervenido no contaba con el monto completo, los policías habrían retenido su motocicleta como garantía y le permitieron salir durante la madrugada con la finalidad de que consiguiera el dinero solicitado.
Sin embargo, el ciudadano acudió inmediatamente al Ministerio Público y denunció lo ocurrido. La información permitió desplegar un operativo que terminó con la intervención en flagrancia de los cuatro policías involucrados.
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Chats y billetes con reactivos fueron parte de las pruebas
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó diversos elementos para demostrar la responsabilidad de los agentes.
Entre las pruebas consideradas se encuentran el testimonio de un colaborador eficaz, peritajes grafotécnicos y documentación que permitió acreditar que la detención del ciudadano no había sido consignada en los registros oficiales de la dependencia policial.
También se incorporaron reportes de llamadas y conversaciones de WhatsApp relacionadas con el caso. Otro elemento fue el hallazgo de billetes impregnados con reactivos químicos dentro de un escritorio de la dependencia policial, evidencia que fue incorporada a la investigación sobre la exigencia de dinero al agraviado.
El caso fue investigado inicialmente por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.
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Fiscalía logró revertir absolución
La sustentación del recurso en segunda instancia estuvo a cargo del fiscal adjunto superior Juan Manuel Pilares Luna. La Fiscalía destacó que el fallo tiene especial relevancia debido a que constituye uno de los casos en los que una instancia superior revoca directamente una absolución y la reforma por una condena efectiva, en lugar de disponer la nulidad de lo actuado y el inicio de un nuevo juicio oral.
Según el Ministerio Público, esta decisión evita que el proceso tenga que regresar a una nueva etapa de juzgamiento y permite una respuesta judicial sin las dilaciones que implicaría la realización de otro juicio oral.
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