Pataz: pese a la dura ofensiva policial y militar, duele la impunidad
Dolor. Los 13 trabajadores mineros fueron secuestrados el 26 de abril. El 4 de mayo sus restos fueron hallados en una mina. Hasta el momento no han sido capturados los responsables, pese a los intensos operativos que realizan policías y militares en tres zonas.
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Trece trabajadores de seguridad asesinados, uno de los principales sospechosos de esta masacre que huyó a Colombia y grupos criminales que actúan con impunidad. Ese es el nefasto, terrorífico y muy lamentable saldo que dejaron esta semana las mafias de la minería ilegal en Pataz, y que hoy van de la mano con una ofensiva del Ejército y la Policía que buscan retomar el control de esta zona de La Libertad, donde la criminalidad ha tomado fuerza.
El dolor de las familias, la alarma de los uniformados y la desolación de las comunidades reafirman que, al parecer, la única estrategia viable es imponer la fuerza del Estado para enfrentar a estos grupos al margen de la ley.
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El domingo pasado el país despertó con la tragedia, en medio del estado de emergencia, que ha sido extendida diez veces en Pataz, desde hace un año. Los 13 guardias de seguridad de la empresa R&R, secuestrados el 26 de abril, habían sido hallados en la mina nivel 2520. La extracción de los cuerpos fue penosa, dramática.
Horas después, las autoridades policiales y la propia presidenta Dina Boluarte señalaron como presunto responsable de esta masacre a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, supuesto cabecilla de una red criminal que supera en poder a otras bandas de sicarios.
Dina Boluarte señaló como presunto responsable de esta masacre a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo.
La minera Poderosa, cuya concesión fue escenario de esta matanza, informó que las víctimas prestaban servicios a un minero artesanal contratado legalmente. Asimismo, responsabilizó al Ejecutivo y al Congreso por no frenar el avance de estas mafias, recordando que más de 40 personas han muerto en ataques vinculados a la minería ilegal.
Este múltiple crimen puso en evidencia la gravedad de la situación en Pataz, donde el oro ilegal viene generando un clima de violencia, corrupción y muerte.
Alianzas criminales en Pataz
Ahora, se sabe que la extracción y tráfico de oro son manejadas por alianzas criminales que son integradas por bandas conformadas en muchos casos por expolicías o exmilitares.
Estas redes serían el causante de los muertos (no se saben cuántos) que yacen en fosas comunes al interior de socavones.
Los Buitres, Los Parqueros de Pataz. La Gran Familia, Los Pulpos, La Jauria, la Gran Alianza, La Hermandad, Los Compadres o La Banda del Gordo Jhon, entre otros grupos, tienen ‘guardias’ para realizar ‘barridos’ en las bocaminas y ejecutar a los ‘parqueros’ que ingresaban para robar minerales.
La brutalidad de sus acciones ya había salido a la luz el año pasado con el asesinato de 9 trabajadores de la mina Poderosa.
Tras la última matanza de los 13 guardias de seguridad, el Gobierno dispuso el despliegue de personal especializado del Grupo Grecco y las divisiones de Secuestros y Extorsiones, y de Homicidios para intensificar las acciones de inteligencia operativa en el lugar de los hechos.
“En el menor tiempo posible, vamos a mandar a la cárcel a esos criminales”, enfatizó el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta.
Destacó que las fuerzas policiales han logrado la interdicción de 20 bocaminas que operaban ilegalmente en Pataz, así como la detención de 4 individuos y la incautación de carabinas tipo fusil y otros elementos utilizados por la minería ilegal.
Los operativos conjuntos con personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP y las Fuerzas Armadas se han intensificado aunque empresarios han cuestionado la suspensión de minería.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cuestionó que el gobierno, como parte de las medidas para garantizar el estado de derecho, haya suspendido por 30 días todas las actividades mineras, incluida la minería formal, no solo en Pataz, sino también en Palcoy y Tayabamba (La Libertad).
Sin embargo, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, aclaró que la disposición de suspender las actividades mineras no involucra a las empresas formales que operan en Pataz, donde existen más de 200 negocios de pequeña minería que están formalizados.
“Las empresas que no estén formalizadas deberán suspender sus actividades y su tránsito durante los próximos 30 días, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional toman el control del territorio e inician la búsqueda y captura de delincuentes y organizaciones criminales”, precisó.
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Hasta la fecha no han sido capturados los responsables.
Rastrillaje y control
En ese contexto, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció que el control del orden interno en Pataz está a cargo de las Fuerzas Armadas, como parte de la prórroga del estado de emergencia aprobada mediante decreto supremo. La medida empezó a regir por 30 días desde el 9 de mayo.
El despliegue de las FFAA se realiza bajo un Comando Unificado, liderado por un general del Ejército con experiencia en operaciones.
Pataz está a cargo de las Fuerzas Armadas como medida del estado de emergencia.
En paralelo, la Policía Nacional viene operando con unidades especializadas. Desde el viernes empezó a regir la inmovilización social obligatoria (toque de queda) desde las 18:00 hasta las 6:00 horas en las localidades de Pataz, Parcoy y Tayabamba.
La PNP aumentó su presencia en Pataz, pasando de 400 a 1,000 efectivos. Por su parte, las Fuerzas Armadas también incrementaron su contingente, que estuvo conformado por 100 militares.
La mañana del jueves llegaron a Vijus el comandante general PNP Víctor Zanabria y el jefe del Comando Conjunto de las FFAA, general EP David Ojeda. Realizaron las primeras coordinaciones de las estrategias para retomar el principio de autoridad.
Juntos con el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, trazaron el plan de operaciones policial-militar, así como la distribución de los mil policías que realizan control territorial en las poblaciones, y también de patrullaje en los socavones y bocaminas.
Coordinaron, asimismo, con los directivos de la empresa minera Poderosa a fin de garantizar la protección de sus trabajadores.
“Estamos controlando las entrada y salidas de la gente y de los insumos que salen a las concentradoras. Venimos realizando operaciones de rastrillaje y control de identidad en las zonas de Zarumilla, Pueblo Nuevo y el mismo Pataz donde sabemos, por acciones de inteligencia, que hay presencia se sujetos al margen de la ley”, dijo Zanabria.
Aquí tenemos un solo oponte que es la delincuencia que se oculta en la minería formal, todos debemos trabajar para capturarlos y llevarlos a la justicia”, subrayó.
"Que no quede impune"
Una semana después, la tristeza, el dolor, la indignación y la incredulidad son los sentimientos que aún expresan los familiares y amigos de los 13 agentes de seguridad asesinados.
“¡Mi hijo fue asesinado y el Gobierno es responsable!”, dijo el padre de una de las víctimas de la masacre y lanzó duras acusaciones contra el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén y la presidenta Dina Boluarte. Exige justicia y responsabiliza al Estado por no frenar la vilencia que azota La Libertad.
Los deudos de Juan Ñaupari Silva (25), quien sirvió a la patria en el Ejército Peruano, piden que el caso no quede i mpune. “Que se investigue hasta las últimas consecuencias”, dijeron sus padres Sabino y Soledad.
Jefry Padilla Hidalgo y Wilmer Manuel Chávez Mijahuanca fueron otras de las víctimas. Sus padres recordaron que sus hijos viajaron ilusionados para trabajar como seguridad de la empresa Services R&R, sin imaginar que encontraría la muerte.
En tanto, el Ministerio del Interior confirmó que los policías en actividad Franklin Pérez Vargas y Gianpaul Bastidas Rodríguez, son investigados. Ellos aparecen como dueños de la empresa R&R y, según la fiscalía, habrían reclutado a las víctimas sin documentos, ofreciéndoles 300 soles diarios.
Entre tanto, exministros dicen que estados de emergencia son un fracaso.
El exministro del Interior, José Élice, planteó instaurar un “estado de emergencia inteligente”, una medida focalizada que permita recuperar el control sin afectar derechos fundamentales. También criticó que el gobierno no haya convocado aún a representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pese a su campaña contra la minería ilegal.
Por su parte, Remigio Hernani, también exministro del sector, afirmó que el gobierno no cuenta con la capacidad para resolver la situación en Pataz. Además, señaló responsabilidades compartidas con los aliados del Ejecutivo.
“¿Alguien tiene dudas que Pataz es zona liberada? ¿Alguien tiene dudas que este gobierno y su estado de emergencia son un completo fracaso?, cuestionó el exministro Rubén Vargas.
