Ahora apuntan a restringir acceso al aborto terapéutico
Muy Grave. Sector conservador del Congreso busca modificar guía técnica de aplicación de este procedimiento. Especialistas alertan de que este cambio representaría un retroceso. Solo el 6% de menores víctimas de violación acceden al aborto terapéutico.
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Un juez de la Corte Superior de Arequipa ordenó medidas de protección para salvaguardar la vida de un bebé en gestación, producto del embarazo de una adolescente de 16 años.
La medida ha generado la indignación de un gran sector de la población, mientras en Lima se ha iniciado una ofensiva del bloque conservador del Congreso y sus aliados que buscan modificar la guía técnica que regula el aborto terapéutico, una práctica legal desde 1924 y reglamentada por el Ministerio de Salud (Minsa) desde 2014.
Esta ofensiva se ha centrado principalmente contra el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), entidad a la que acusan de promover el aborto.
Entre los detractores de la guía técnica se encuentran congresistas como Norma Yarrow y Milagros Jáuregui de Aguayo, quienes han acusado a la Maternidad de Lima de “flexibilizar” los criterios para acceder a un aborto terapéutico y han exigido al Minsa y a Susalud que investiguen su aplicación.
La controversia ocurre en un contexto alarmante: solo el 6% de las niñas menores de 15 años víctimas de violación sexual accedió a un aborto terapéutico en la última década, según datos de Promsex.
Solo en 2023, un total de 264 mujeres perdieron la vida por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.
Gran retroceso
Para la exministra de la Mujer Gloria Montenegro, esta modificación representaría un retroceso de más de cien años en la legislación sobre el aborto terapéutico. Señaló que implicaría un grave daño en una sociedad aún machista y patriarcal, donde, asegura, todavía falta mucho por avanzar en educación con enfoque de género.
Asimismo, advirtió que en la Amazonía, una de las regiones con mayor número de agresiones sexuales contra menores, el Estado no garantiza los derechos de las víctimas. “Ya vimos el caso de Camila. El Estado no actuó como debía. Y si ahora modifican el protocolo, ¿qué pasará con las demás?”.
Alertó que, cada año, al menos 1,500 niñas menores de 15 años dan a luz en el Perú, a pesar de que sus cuerpos, aún en desarrollo, no están preparados para enfrentar una maternidad, "mucho menos cuando esta es producto de la violencia".
Campaña de hostilización
Para Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Flora Tristán, hay una campaña de hostilización contra el personal médico de la Maternidad de Lima, institución que tiene la capacidad legal y técnica para aplicar el aborto terapéutico.
Denunció que existe una presión directa desde sectores conservadores del Congreso, en especial desde la bancada de la congresista Milagros Jáuregui, que busca imponer trabas al protocolo actual y limitar el acceso a este derecho. Señaló que hay intentos de modificar la guía técnica y eliminar numerales como el 13 y 14, que garantizan la protección de la salud mental de niñas y adolescentes.
“Si esto sucede, lo que tendremos es un grave retroceso en el acceso al aborto terapéutico. Se está priorizando la vida del concebido por encima de la salud física y mental de la gestante, lo que contradice los estándares internacionales en derechos humanos”, advirtió.
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Muertes maternas
Susana Chávez, directora de incidencia de Promsex, señaló que hay un sector que se niega a reconocer la validez de estas vidas e insiste en exponer a las mujeres y niñas a sufrimientos innecesarios, lo que denota “una profunda crueldad”. “Seguimos teniendo muertes maternas y casos de embarazos infantiles que podrían haberse evitado”, agregó.
También sostuvo que exponer a niñas menores de 15 años a un embarazo representa un riesgo extremadamente alto para su salud. “No es aceptable obligarlas a dar a luz si fueron víctimas de violación o si simplemente tuvieron una relación sexual”, señaló, reafirmando la necesidad urgente de reformas para proteger a las menores.
Sobre el caso de Arequipa, Rocío Gutiérrez, directora de Manuela Ramos, destacó que el Poder Judicial debería tener como obligación proteger la salud y la vida de la adolescente. Además, señaló que al impedirle acceder a un servicio de salud, se afecta gravemente su derecho fundamental.
Gutiérrez enfatizó que esta medida, que se presenta como protección para el supuesto feto, vulnera el interés superior de la niña. “Esta adolescente posee un conjunto de derechos que, con esta decisión, quedarían atropellados”, puntualizó.
