Así es el penal de Challapalca, donde Dina Boluarte quiere enviar a todos los extorsionadores: es considerada la prisión más alta del mundo

El Gobierno del Perú ha lanzado una nueva ofensiva contra el crimen organizado. La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que los líderes de organizaciones delictivas, extorsionadores y asesinos, serán trasladados al penal de Challapalca, una prisión conocida por su aislamiento geográfico y condiciones extremas. La decisión se reveló durante una sesión del denominado “Cuarto de Guerra”, en la que se reunió con ministros de Estado, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

El anuncio representa un giro estratégico en la lucha contra la delincuencia, especialmente tras conocerse que diversos cabecillas continuaban dirigiendo actividades criminales desde cárceles comunes.  

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Dina Boluarte señaló que todos los cabecillas criminales irán al penal de Challapalca

Dina Boluarte reiteró su firmeza frente a la inseguridad ciudadana durante una sesión del denominado ’Cuarto de Guerra‘, en la que ofreció un informe conjunto sobre los esfuerzos para combatir la criminalidad en territorio nacional.

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“Estamos disponiendo que todos los cabecillas de las bandas criminales, extorsionadores, asesinos, terminarán en el penal Challapalca, que está considerado como uno de los más seguros del país”, señaló.

En la misma intervención, la mandataria recordó que ya hay ocho miembros del Tren de Aragua recluidos en este penal, entre ellos, líderes como Héctor Alfonso Prieto Materano y Gustavo Enrique Serrano Salas. Esta cifra ha aumentado en las últimas semanas como parte de una política de aislamiento para criminales de alta peligrosidad.

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¿Cómo es el penal de Challapalca?

Challapalca no es una prisión común. Se ubica en la provincia de Tarata, región Tacna, a más de 4.850 metros sobre el nivel del mar. Este recinto, que actualmente alberga 150 reos de alta peligrosidad, se inauguró en 1997 y se considera la prisión más alta del mundo. Su lejanía y sus condiciones climáticas lo convierten en un espacio prácticamente inaccesible para cualquier tipo de contacto externo.

El penal ocupa 12.000 metros cuadrados, de los cuales 4.500 están edificados. Tiene capacidad para 242 internos distribuidos en 122 celdas. Se divide en cinco bloques, uno de ellos destinado a la dirección y a dormitorios del personal, otro con celdas de aislamiento y el resto con sectores separados por muros, rejas y mallas de seguridad. Incluye espacios para biblioteca, talleres, cocina y una enfermería con laboratorio y quirófano.

Las temperaturas son extremas. Durante el día oscilan entre los 8 y 9 grados centígrados, pero al caer la noche pueden descender hasta los -20°C, con vientos que agravan la sensación de frío. Los internos apenas tienen derecho a una visita mensual y pueden salir al patio solo entre dos y cuatro horas diarias, según su clasificación otorgada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Los servicios básicos presentan serias limitaciones. El agua se extrae de un pozo a un kilómetro y la electricidad depende de una planta que funciona solo por tramos. Un informe de la OEA en 2002 ya advertía estas deficiencias, sin que se hayan reportado mejoras sustanciales desde entonces. La seguridad está a cargo de 50 agentes del INPE, quienes rotan cada tres meses y reciben incentivos económicos por laborar en condiciones tan exigentes.

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¿Cuántos penales hay en Perú?

El Perú cuenta actualmente con 68 establecimientos penitenciarios, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sin embargo, el sistema enfrenta una crisis de hacinamiento sin precedentes. Las prisiones tienen capacidad para albergar a poco más de 41.000 personas, pero el número real de internos supera los 93.000. Esto representa un exceso del 130%, con algunas cárceles que superan el 500% de ocupación.

Este hacinamiento no solo vulnera los derechos fundamentales de los reclusos, sino que también crea condiciones propicias para que continúen las actividades criminales desde el interior. La falta de infraestructura adecuada, junto a políticas que priorizan la pena antes que la rehabilitación, han profundizado una crisis que se arrastra desde hace décadas.