Masacre en Jaén: El enigma del triple asesinato, 36 días de impunidad

El dueño de un hotel, cerca de la plaza de armas de la ciudad todavía recuerda los disparos que acabaron con la vida del empresario Luis Fernando Quiróz Saldaña (42) y de sus amigos Víctor Hugo Alvarado López (35) y Endy Ysaac Alarcón Torres (45), quienes fueron atacados por sicarios cuando conversaban dentro camioneta.

Ese triple crimen, cometido la noche del 27 de febrero modificó para siempre a la hermosa Jaén, una las ciudades más importantes del nororiente peruano.

De aquella ciudad que alberga mucha historia y que ha sido testigo de civilizaciones como los Bracamoros, cuya característica de sus ciudadanos, además de ser emprendedores y trabajadores, hacen gala de un orgullo inusual, destilan un profundo cariño y amor por ella, destacando su hospitalidad con los emigrantes procedentes de diversos lugares del Perú. 

Han pasado 36 días de aquella masacre y hoy se sabe casi tan poco como entonces. Y todo es aún peor, porque Justicia que finge hacer justicia es la lápida definitiva para cualquier historia.

Desde entonces, Jaén, vive en un estado de conmoción tras un brutal como este triple asesinato que ha dejado en evidencia la creciente ola de inseguridad.

La camioneta Hilux 4x4 donde las víctimas fueron atacadas es propiedad de Wilder Quiróz Saldaña, un conocido empresario de la ciudad y hermano de Luis Fernando.
Según imágenes de una cámara de seguridad de la zona, dos sicarios llegaron caminando por la acera, se dirigieron al lado del copiloto. Uno de ellos descargó una ráfaga de disparos.

Inicialmente, las principales hipótesis giraron en torno al presunto homicidio de Pedro Llacsahuanga, cometido en el 2014, a un tema de usurpación y minería ilegal, pero las pesquisas han quedado estancadas.

Temor e indignación

El crimen exacerbó el temor y la indignación entre los habitantes quienes exigen medidas urgentes para frenar la ola de criminalidad. Y es que la sensación de inseguridad se ha intensificado en los últimos meses, convirtiendo a Jaén en una de las ciudades más inseguras del nororiente peruano.

Hace uno días, el general Walter Calla, jefe de la Región Policial de Cajamarca, declaró a los medios locales que, desde su llegada, el 3 de enero de 2024, realizó una evaluación de la situación y determinó que Cajabamba y Jaén eran las provincias con mayor índice de criminalidad.

Explicó que la primera decisión que tomó fue asignar 100 efectivos policiales adicionales a Jaén, de los cuales 75 permanecieron en la provincia y 25 fueron a San Ignacio. Además, gestionó la presencia de la Diviac lo que permitió el envío de un equipo especializado que estuvo operando durante dos meses.

También indicó que el departamento de investigación criminal de Jaén opera con un solo vehículo y una computadora, lo que limita su capacidad operativa.

Existe un decreto legislativo desde 2023 que permite a los gobiernos regionales y locales invertir en seguridad ciudadana e investigación criminal. La Municipalidad Provincial de Jaén tiene la posibilidad de destinar recursos para fortalecer esta unidad.

San Ignacio: minería ilegal

Sobre la minería ilegal en San Ignacio dijo que el Frente Policial Cajamarca y las comisarías no tienen la facultad de interdictar minería ilegal, en Cajamarca. Interdictar quiere decir hacer un plan de operaciones que emite el informe técnico de la Dirección Regional de Minería, donde indica que en tal zona hay tantas personas que tienen Reinfo, hay tantas personas que no tienen Reinfo, se tiene que hacer un plan, tiene que venir la unidad especializada de la Dirección de Medio Ambiente y el Frente Policial le presta el apoyo del personal.

Entonces, las comisarías son las células básicas de la Policía Nacional que tienen funciones diferentes, tienen funciones de patrullaje motorizado, de patrullaje a pie, investigar violencia familiar, investigar ciertos delitos leves, faltas, participación ciudadana, pero no tienen la función de interdictar minería ilegal porque es una operación especializada que realiza la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Pese a eso, dijo “he emitido un memorando que las comisarías en donde se ejerce la minería ilegal formulen sus órdenes de operaciones para intervenir en delitos conexos a la minería ilegal”.

Cifras de detenidos 'maquilladas'

Esta semana ha salido también el resultado sobre el número de detenidos a nivel nacional.

Entre enero y marzo del año 2025 se han detenido 43,747 personas en el Perú. Según el analista de datos, ingeniero Juan Carbajal, esta cifra registrada en los tres primeros meses del año 2025 haría pensar que se trata, en su mayoría, de peligrosos delincuentes capturados por la PNP, como aseguraba el exministro del Interior, Juan Santiváñez.

Sin embargo, dice el especialista, si se disgregan y diferencian tales cifras según los tipos de delitos, “la realidad es totalmente distinta”.

La cifra de detenidos en flagrancia por  extorsión, sicariato y secuestro suman el 0.85%; y por homicidio es del 0.54%.

La gran mayoría de detenidos son por manejar ebrio, violencia familiar, lesiones, microcomercialización de drogas y hurto.

 Desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo del 2025, se han reportado 43,747 detenciones en flagrancia en todo el país, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE), el cual es alimentado por datos de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles.