Empresas de transporte público tienen hasta abril para cumplir exigencias de ATU si no dejarán de operar

Un día después de haberse realizado el paro de transportistas, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció la entrada en vigencia del nuevo régimen excepcional para la entrega de autorizaciones por cinco años de las rutas de Lima y Callao.

De esta manera, a partir de hoy sábado hasta el próximo martes 15 de abril del 2025, las empresas formales tienen plazo para solicitar sus respectivas autorizaciones; siempre y cuando cumplan con las exigencias de la ATU, tales como tener buses con GPS, cobro electrónico de pasajes y choferes en planilla que no tengan antecedentes penales.

De no lograrlo, sus vehículos dejarán de circular por las principales vías de la capital. Eso sucederá porque el martes 15 de abril también vencerá la vigencia de sus actuales permisos.

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“El otorgamiento o la renovación de autorizaciones por cinco años en las rutas brindará mayor estabilidad jurídica a las empresas y eso permitirá que los bancos les puedan prestar dinero para que modernicen su flota vehicular. Antes no podían porque sus permisos solo eran de seis meses o un año”, afirmó el expresidente de la ATU, José Aguilar, en cuya gestión se aprobó el reglamento de este plan.

Por puesta de mano

Aguilar explicó que un grupo de las 385 empresas existentes no tendrá problemas, pues ha avanzado con esos requisitos. “Las empresas chicas, con unidades pequeñas en cantidades y tamaños, quizá se quedarán sin rutas” .

Un aspecto importante de este proceso, agregó, es que las autorizaciones de este régimen excepcional son limitadas y se otorgarán por orden de presentación de solicitudes. “Eso quiere decir que la entrega será por puesta de mano hasta que se acaben las rutas. Los primeros que se presenten y cumplan con los requisitos de la ATU lograrán el permiso por cinco años”, dijo.

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Las autorizaciones se otorgarán también bajo el nuevo Plan Regulador de Rutas, aprobado el 28 de diciembre del 2024 y el cual establece una actualizada malla de rutas del transporte público de Lima y Callao.

Un ejemplo de eso último es que se reducirá de 396 a 360 las rutas de transporte público, ya que muchas se superponían y causaban los ‘correteos’. Se está priorizando que de la flota requerida, un 70% sea buses grandes, lo que liberará las vías.

Se conoció que, en un inicio, las empresas que obtengan las autorizaciones operarán con sus actuales vehículos; no obstante, si es que buscan ampliar sus permisos, pasados los cinco años, deberán tener, como mínimo, un 25% de unidades a GNV o híbridos o eléctricos.

“En el segundo trimestre de este año se estarán viendo los primeros cambios. En algunas rutas habrá menos congestión, buses más grandes y con GPS, con choferes en planilla. Lo que no debe tardar también es el recaudo electrónico para que los choferes, al dejar de cobrar en monedas, dejen de ser extorsionados”, estimó Aguilar.

En contra de propuesta

El director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, se mostró escéptico de que esta medida tenga cambios y resultados.
“Las 385 empresas han tenido 34 años para generar capital y adquirir nuevas unidades, pero siguen trabajando igual porque viven del día a día. ¿Cree que lo harán en cinco años? Este no es el camino más conveniente ni eficaz para tener el Sistema Integrado de Transporte”, dijo.

Quispe manifestó que se necesitan 16.000 buses para atender la demanda de pasajeros. “Por eso, proponemos una asociación público privada: que el Estado compre 10.000 unidades y los 6.000 restantes sean puestas por las empresas actuales. Para la gestión de la operación podría entrar una empresa privada, como sucede con la Línea 1. Esa es la única manera que se tengan resultados rápidos y concretos”, explicó.