Denuncian que policías cobran hasta S/ 2.000 para dar ‘seguridad’ a mototaxistas

La denuncia es grave: policías que extorsionan a mototaxistas y les cobran entre S/1.000 y S/2.000 para patrullar las calles de San Juan de Lurigancho y protegerlos de mafias criminales que operan en el distrito. Y lo hacen a cara descubierta, con una impunidad tal que usan algunos patrulleros y hasta dependencias de esa institución como sus centros de operaciones.

Ello ha motivado la intervención del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Integridad Policial. La hipótesis es que malos policías de distintas comisarías del distrito, cobran cupos a transportistas a cambio de seguridad.

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“Tenemos que pagar para no quedarmos indefensos”, afirma, con preocupación, el presidente de la Asociación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García Fernández.

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A raíz de esta denuncia, un nuevo escándalo de corrupción sacudió esta semana a la Policía Nacional del Perú. En el centro de la investigación están al menos un comisario, jefes de áreas claves y suboficiales encargados de combatir las extorsiones y el sicariato en dicho distrito, el más poblado del país. 

Las autoridades del Poder Judicial sospechan que estos malos agentes lavan dinero y se enriquecen de manera ilegal, pues cuentan con indicios de que los agraviados no solo pagan extorsiones a delincuentes sino también a estos malos policías.

 Por eso el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima-Este, a cargo del fiscal Richter Eliseo Rengifo Ramírez, abrió una investigación preliminar.

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REMOCIÓN DE AGENTES Y PENAS

Hubo ecos. El ministerio del Interior informó que ha dispuesto “la inmediata remoción de todos los agentes, presuntamente, implicados en estos hechos, de las comisarias o dependencias, como parte de un proceso de investigación”.

Y es que se trata de una grave denuncia. El dirigente Julio García, asegura que no solo patrulleros de San Juan de Lurigancho solicitan dinero, sino también el comisario, los jefes de turno y los encargados de la estación policial.

Por ello la fiscalía abrió una investigación contra los que resulten responsables del delito contra la administración pública -corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial- en agravio del Estado, previsto y sancionado en el artículo 395-B del código penal.

En ese sentido, el abogado Mario Amoretti explicó que los miembros de la PNP o del sistema penitenciario que solicitan directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años e inhabilitación.

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LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

En las últimas semanas de diciembre y la primera de enero hubo llamadas realizadas por denunciantes anónimos que estaban cansados de pagar a policías. Dijeron que personas no identificadas al atentado contra la vida de personas que se dedican al servicio público de mototaxi en SJL.

El fiscal dispuso iniciar la investigación preliminar por el plazo de 120 días contra los que resulten responsables (personal policial) por el presunto delito contra la administración pública y encomendó la investigación preliminar a la Dirección Contra la Corrupción PNP por el plazo de 30 días contra los malos elementos de la PNP.

Y esto en razón que el despacho fiscal se encargará de la conducción jurídica de la investigación preliminar.

Así, el jefe de la Dircocor PNP Lima-Este tendrá que designar al instructor policial a cargo de la presente investigación con la finalidad de realizar diligencias urgentes e inaplazables.

También, el efectivo policial designado deberá realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales, individualizar a las personas involucradas, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente identificando, ubicando, capturando y citando a los presuntos autores y ponerlos a disposición de la fiscalía.

En presencia del representante del fiscal, los agentes de la Dircocor deberán recabar la declaración del dirigente Julio García, irán a la comisaria del sector para recabar información y documentación sobre denuncias realizadas contra personal policial durante diciembre 2025 y enero 2025 que demostrarían que están solicitando dineri para efectuar patrullaje.

Tendrán que recabar información nominal del personal que labora en las unidades policiales, y solicitar información sobre la existencia de puestos fijos o móviles en la jurisdicción, entre otros.

Efectuar pesquisas policiales a fin de identificar a testigos que tengan conocimiento del hecho y recabar elementos de convicción y/o medios de prueba idóneos respecto al hecho que personal policial estaría requiriendo dinero a fin de efectuar patrullaje policial en SJL.

Cabe precisar que el informe policial de investigación preliminar deberá ser remitido al despacho fiscal hasta el 6 de febrero, contemplando la relación de las diligencias efectuadas, las pre calificaciones de los delitos presuntamente cometidos, así como los grados de presunta autoría y participación, el análisis de los hechos investigados y las conclusiones respectivas que justifiquen continuar o no con la investigación preparatoria.

Hasta ahora se ignora si hay otros altos mandos policiales involucrados en las coimas.

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MALA GESTIÓN

La investigación recién empieza, pero ya habría una llamada de un policía que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Este uniformado denunció “que fue presionado” a cobrar cupos a mototaxistas para brindarles una eventual seguridad adicional al patrullaje.

Para el exjefe de Seguridad del Estado y Ex jefe de Inspectoría, general (r) Carlos Tuse, este caso sería un claro reflejo de una mala gestión de la institución policial y del poco filtro que existe en el ingreso a las escuelas policiales.

"Es consecuencia de una mala gestión, hay una falla, no se ve la supervisión ni control, están entrando delincuentes infiltrados en la policía porque no hay filtros en el ingreso a las escuelas”, señaló.

Exhortó un cambio en la ley que regula el régimen disciplinario en la policía, ya que en el mejor de los casos estos procesos duran dos años y los efectivos implicados solo son cambiados de unidad mientras se investiga el caso.