Policías y fiscales ingresan a 68 penales del país en busca de extorsionadores
Medidas. Operación se realizó de manera simultánea, incluso en cárceles de mujeres. Participaron más de 3.000 efectivos, 1.200 agentes del Inpe y 66 fiscales. Hallaron 23 celulares y 11 USB.
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Más de tres mil efectivos de la Policía, con apoyo de 1.200 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y 66 fiscales, ingresaron a 68 penales del país en busca de teléfonos celulares, chips, computadoras, agendas y otros elementos que pudieran indicar que desde las celdas se planifican y cometen delitos como extorsiones y amenazas.
Este megaoperativo, el segundo desde que se anunció la declaratoria de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao para frenar el avance de las bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato, se realizó de manera simultánea en todos los establecimientos penitenciarios del país, incluidos los reclusorios para mujeres, desde las 9 de la noche del viernes.
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Solo 23 celulares
El resultado, aunque no fue muy alentador, sirve para demostrar que, desde los penales del país, a pesar de las medidas de control instaladas como detectores de metales, el regisro físico, equipos de rayos X, y bloqueadores de señal, el crimen continúa actuando.
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De acuerdo con información del INPE, la operación a nivel nacional dio como resultado la incautación de 23 celulares, 11 USB, 3.603 envoltorios tipo ketes conteniendo pasta básica de cocaína, 469 ketes de marihuana, 166 ketes de clorhidrato de cocaína y 331 armas blancas (verduguillos, cuchillos y punzones).
En Lima, las acciones realizadas en el penal Miguel Castro Castro fueron presenciadas por los ministros de Justicia, Eduardo Arana; y del Interior, Juan Santiváñez.
En la anterior operación se incautaron 39 celulares, 28 cargadores de celulares, 5 memorias USB y 9 audífonos
EL DATO: El ministro Juan Santiváñez señaló que los internos que cometan o participen en delitos de extorsión o secuestro serán reubicados en el penal de Challapalca, en Tacna. Para este fin se anunció la ampliación de este reclusorio, lo cual es rechazado por los gobernadores de Tacna y Puno.
