Trata de personas: el perverso delito que afecta a adultos y menores crece ante un Estado indiferente
Por decreto ley, el 23 de setiembre es el Día Nacional contra la Trata de Personas. Empero, al día de hoy, no hay estadísticas uniformes entre las instituciones con respecto a cuántos casos existen sobre este delito. Ni tampoco ha habido una asignación presupuestaria adecuada para combatir este problema desde el Estado.
Los 23 de setiembre, fecha elegida para el Día Nacional contra la Trata de Personas por decreto ley, son oportunos para reflexionar sobre el grave delito que afecta a adultos y menores, y que en los últimos años también ha alcanzado a los migrantes, especialmente de Venezuela.
En esa línea, siempre es necesario recordar que el delito de trata de personas, mencionado en el artículo 129 del Código Penal, tiene una pena de hasta 35 años. Y no se limita a la explotación sexual, sino que abarca otras prácticas delictivas como explotación en otro tipo de labores, tráfico de órganos, mendicidad forzada, pornografía infantil, entre otras.
“Es un delito que consiste en captar, retener, trasladar, acoger a una persona mediante engaños, fraude, violencia o cualquier otra forma que afecte su vulnerabilidad y que tenga como finalidad explotarla laboralmente o sexualmente, para vender sus órganos o mendicidad”, explicó la defensora pública del Ministerio de Justicia, Lupe Gómez.
De acuerdo con la asociación civil Capital Humano y Social-Alternativo, que promueve la lucha contra el delito de trata de personas, este año el panorama es adverso. Por ejemplo, no existe un registro único entre instituciones que permita conocer los números de denuncias y víctimas en el país.
Así se revela en el ‘IX Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil 2022-2023’, publicado hace unos días en su portal web, que añade que en otros países sí funciona un registro.
“El Estado no ha podido establecer un sistema único, que es algo así como una historia clínica que está en una nube, a la que se puede acceder con el número de identidad desde cualquiera parte del país”, explicó a La República el director de CHS Alternativo, Ricardo Valdés.
“El (sistema) RETA permitía que en el módulo de investigación se pudiesen registrar varias víctimas, varias organizaciones, huellas dactilares, placas de vehículos y uso de armamento”, añadió.
Al respecto, el jefe de la División de Trata de Personas de la PNP, coronel Jean Bergerot, confirmó que actualmente falta dicha uniformización entre instituciones estatales, debido a que no hay coincidencia entre las cifras policiales y las de otras entidades. Añade que el sistema RETA debe ser repotenciado y que a la PNP se le dificulta llevar un registro a detalle, debido a que en el sistema de denuncias policiales no se pueden incluir los nombres completos de muchas víctimas para no vulnerarlas.
Vale decir que de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior están registrados 3.918 casos de trata de personas de enero del 2017 a marzo de este 2024. No obstante, se precisa en dicho portal que los datos de 2023 y 2024 “se encuentran en revisión” y habría muchos más.
No hay disponibilidad de recursos
Por otro lado, CHS Alternativo también hizo énfasis en que cerca del 75% de los 42 servicios del Estado que luchan contra el delito de trata de personas “no contaron con asignación presupuestal, ya sea para prevenir o perseguir el delito, así como para atender y reintegrar a las víctimas”. Empero, en los últimos años se han incrementado prácticas como el tráfico de migrantes.
A su turno, el coronel Bergerot refirió que actualmente su área cuenta con poco personal, pero que pese a ello se vienen dando grandes golpes contra este delito.
“Como División de Trata de Personas, tenemos solo 50 efectivos para combatir el delito a nivel nacional y los recursos son mínimos; tenemos carros con más de 20 años de uso. Entonces, el Estado peruano debería poner mayor atención en la Unidad Especializada para enfrentar este delito; deberían dotarnos de mayor cantidad de personal también; si no, cómo queremos tener cifras alentadoras, cómo queremos disminuir este delito; con la poca cantidad de personal que tenemos, estamos logrando disminuir este delito”, explica.
El Congreso no pone de su parte
Para Ricardo Valdés de CHS Alternativo, el Congreso no contribuye como debería en la lucha contra este delito. Esto se debe a que hay un dictamen formulado por el congresista Alejandro Muñante, ya aprobado en primera votación, que busca que las autoridades del Ejecutivo solo vayan a la Comisión de Justicia y la Comisión de la Mujer los 23 de setiembre, cuando en la ley dice que deben presentarse ante el Pleno.
“El último ministro en dar cuenta al Congreso fue Basombrío en el 2017. De ahí no ha regresado ministro alguno y ningún presidente de Congreso ha tenido el interés de solicitarle al Ejecutivo que vaya el primer ministro ni otros ministros”, detalló Valdés.
“Peor aún, el congresista Muñante ha generado un dictamen para que (...) solamente se asista a la Comisión de Justicia y de Mujer, y eso no tiene sentido alguno porque la propia política involucra también al Ministerio del Interior, Salud, Relaciones Exteriores, Justicia, Trabajo, Transportes, Educación, Energía y Minas, Cultura, al Reniec, al Ministerio Público, al Poder Judicial y al INEI; entonces, es un tema transversal”, agregó.
De aprobarse la norma, la fiscalización a la lucha contra la trata se reduciría a su mínima expresión.
Por su lado, el coronel Bergerot mencionó que desde 2016 se reflejó un gran incremento del delito de trata de personas a partir de la “criminalidad transnacional”, generada por organizaciones como el ‘Tren de Aragua’.
Precisó que en la mayoría de casos, las personas que están en riesgo de ser captadas por dichas mafias son las que provienen de hogares disfuncionales.
La irrupción del crimen organizado
Ricardo Valdés anotó que ha habido un incremento de casos en general en el país y esto se debe a que la trata está muy relacionada con el desarrollo de economías criminales.
Por ejemplo, los lugares en los que se practica minería ilegal terminan convirtiéndose en universos propicios para la explotación sexual, ya que llevan a mujeres a bares o discotecas y son sometidas.
También Ricardo Valdés observó que en la tala ilegal de árboles hay muchas personas obligadas a trabajar bajo amenaza. “Hoy deberían estar el primer ministro y los ministros en el Congreso, dando cuenta de lo que han hecho; esto es una llamada de atención no solo al Ejecutivo, sino sobre todo al señor Salhuana”, sostuvo Valdés,
