Carretera que atraviesa 13 comunidades favorece a mafias en Ucayali
Comunidades nativas han presentado demanda para frenar el avance de esta vía.
La trocha abierta para la construcción de la carretera Nueva Italia-Puerto Breu, que busca llegar hasta la frontera con Brasil, se ha convertido en una amenaza para la Amazonía. Y es que esta vía, ubicada en el corazón de Ucayali, está siendo usada por madereros ilegales y narcotraficantes.
Y no solo la biodiversidad está en peligro sino la supervivencia de 13 comunidades indígenas como Alto Tamaya Saweto, Sawawo Hito 40, Nueva Esperanza de Cumaria, Santa Ana, Flor de Chengari, Mapalja, Puerto Esperanza de Sheshea, Parantari, Nueva Shahuaya, Santa Rosa, El Dorado, Nueva Victoria y Shoniro.
Y no son las únicas.
La trocha también representa una amenaza para pueblos indígenas en situación de aislamiento (PIA) de la reserva indígena Murunahua, ubicada en la cercanía del área de influencia de la carretera, en la provincia de Atalaya.
Estos grupos que habitan en dicha reserva se encuentran en un contexto de especial vulnerabilidad.
Bosques deforestados
Por ello, un grupo de organizaciones indígenas presentó una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Ucayali para exigir que se detenga la construcción formal de la carretera.
Esta demanda constitucional ha sido presentada por la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) y la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurua, Yono y Sharakoiai (Aconadiysh), con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Upper Amazon Conservancy (UAC).
Se trata de una respuesta ante la preocupación de dichas comunidades nativas asentadas en los distritos de Yurua y Tahuania, provincia de Atalaya, las cuales vieron el avance de la carretera a costa de la pérdida de 7.160 hectáreas, según datos del Ministerio de Ambiente.
Asimismo, desde el Congreso de la República se han presentado iniciativas para formalizar la construcción de la carretera y declararla de interés nacional. En la demanda, las comunidades nativas señalan que esa propuesta legislativa pretende una formalización forzosa.
Violación de Derechos Humanos
“Lamentablemente, en el Perú se están construyendo carreteras ‘ilegales’ que no cuentan con permiso de desbosque y estudio de impacto ambiental. Esa carretera no va a beneficiar a las comunidades nativas. Por el contrario, va a contribuir a la deforestación de los bosques amazónicos”, asegura Maritza Quispe, abogada del IDL.
Señala, además, que esta carretera constituye una amenaza de violación de los derechos de los pueblos en aislamiento que viven en la Reserva Indígena de Murunahua.
“Esta demanda constitucional, presentada por organizaciones indígenas, busca que se ordene al Gobierno Regional de Ucayali que se abstenga de continuar impulsando la construcción de esta carretera, por la violación de una serie de derechos colectivos de los pueblos indígenas, principalmente, del derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado”, agrega Quispe.
La presencia de economías ilegales en las zonas cercanas a la trocha también pone en riesgo la vida de defensores ambientales e, incluso, ha significado la muerte de líderes indígenas, como el caso Saweto, en el que cuatro defensores ashaninkas fueron asesinados por madereros, lo cual es una lamentable muestra de la violencia a la que están expuestas las comunidades acechadas por delincuentes.
Narcos y taladores
Según los comuneros, la trocha favorece a personas dedicadas al narcotráfico y la tala ilegal. Representantes de diversas comunidades indígenas que se encuentran en la frontera entre Perú y Brasil denunciaron los problemas que les trae esta vía con la presencia de foráneos.
En sus testimonios, miembros de las comunidades temen que crezca la tala ilegal, cultivos ilegales de coca y las pistas de aterrizaje clandestinas.
Todas estas actividades encontrarían un camino libre para sus operaciones con la construcción de dicha carretera. Como advierte la demanda de las organizaciones, las carreteras amazónicas suelen expandirse sin respetar límites, sin procesos formales, ni consulta previa a las comunidades indígenas, y tampoco evaluaciones de impacto socioambiental.
Al respecto, La República trató ayer de comunicarse sin éxito con representantes del Gobierno Regional de Ucayali.
