La Libertad: más de mil empresas de construcción son extorsionadas
Durante marcha por la paz en Trujillo, dirigente del gremio de construcción civil señaló que también se exige pagos diarios a los trabajadores. Piden ampliar el estado de emergencia.
La República en GoogleAutoridades civiles y políticas, gremios empresariales, de comerciantes, obreros de construcción civil y representantes de la sociedad civil en su conjunto se unieron ayer para realizar una marcha pacífica en la plaza Mayor de Trujillo demandando el retorno de la paz y el fin de la violencia que azota esta ciudad y otras de La Libertad.
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José Castañeda Espejo, secretario de Seguridad en el Trabajo del Sindicato de Construcción Civil, reveló que la extorsión la padecen más de 1.000 empresas y un promedio de 4.000 trabajadores.
“Si nos referimos a toda La Libertad, entonces estamos hablando de más de 1.000 empresas de construcción civil que son extorsionadas y a sus trabajadores también les exigen los mismos extorsionadores que paguen S/10 o S/5 diarios para que puedan ir a trabajar”.
Agregó que este hecho trae como consecuencia la disminución de sus salarios. “Cuando el empresario se ve afectado por ser extorsionado, el trabajador también se afecta en la medida que sus remuneraciones ya no son pagadas de acuerdo al régimen de construcción civil”.
Por su parte, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, señaló que el tema de la seguridad ciudadana es primordial para la tranquilidad y por ello apoyará todo acto en bien de la paz.
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Pide ampliar emergencia
En tanto, el gobernador de La Libertad, César Acuña, solicitó al Gobierno ampliar la declaratoria de estado de emergencia de la seguridad ciudadana en la provincia de Trujillo y Pataz, que vence el 13 de abril.
Por medio de un oficio, señala que subsiste la delincuencia en las provincias de Trujillo y Pataz, “donde organizaciones criminales mantienen atemorizada a la población y continúan cometiendo delitos como homicidios, sicariato, extorsiones, secuestro y minería ilegal”.
Por ello, “concluimos en que esta situación pone en serio peligro la vida, la integridad física y el patrimonio público y privado, con riesgo también de la recuperación económica de estas zonas, pues se ahuyenta la inversión privada”, señala.
