Solicitan a la CIDH medidas cautelares a favor de periodista de La República, Liubomir Fernández
Desde hace unas semanas, un reglaje se ejecuta contra el corresponsal de La República en Puno. Instituciones periodísticas como ANP, CPP e Ipys respaldan al hombre de prensa.
Debido al riesgo que corre la integridad del periodista del diario La República en Puno, Liubomir Fernández Fernández, a raíz del seguimiento que existe en su contra, diversas organizaciones periodísticas remitieron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares en favor del hombre de prensa.
La carta fue dirigida, el 21 de marzo reciente, a Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nombre de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), instituciones que solicitan dichas medidas cautelares en favor de Fernández, debido a que se encuentra en "alto riesgo de atentado contra su integridad personal y familiar".
¿Quién estaría detrás del reglaje en contra de Liubomir Fernández?
El pedido realizado por las instituciones periodísticas del Perú responden al informe publicado por el diario Sin Fronteras, el domingo 17 de marzo, a través del cual se da a conocer el reglaje en agravio de Liubomir Fernández, corresponsal de La República en Puno. Esta situación se presenta a consecuencia de la publicación de sus reportajes relacionados con un caso de estafa piramidal y usurpación de terrenos en la región del altiplano.
El hombre que estaría detrás de estos presuntos actos de intimidación sería el abogado y empresario Enrique Calmet Choque, quien está seriamente vinculado a los ilícitos antes mencionados, de acuerdo a los reportajes de investigación desarrollados por Fernández.
Es en ese contexto, Fernández refiere que en febrero recibió una amenaza dirigida a su familia. Personas desconocidas colocaron en la puerta de su vivienda una trusa de color negro, lo que él interpreta que la próxima víctima sería una mujer de su entorno. “(El mensaje es) vamos a pegarle a tu mujer. El objetivo es generar amedrentamiento, zozobra, a partir del entorno familiar, a partir de la amenaza a los familiares más directos”, explica el hombre de prensa puneño.
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Investigaciones periodísticas sobre red de estafa piramidal
Una serie de reportajes que advertían estafas piramidales en agravio de decenas de personas en Puno y otras ciudades del sur del Perú puso al descubierto una red de policías que presuntamente integrarían una organización criminal ligada a estos hechos delictivos. Todo hace presumir que los agentes de la PNP habrían captado a los agraviados ofreciendo el 10% de intereses mensuales del dinero invertido. Finalmente, los implicados huían con el dinero o lo desaparecieron a través de compras de diversos bienes.
A raíz de estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación y solicitó la incautación de inmuebles para determinar el origen del dinero con los que fueron adquiridos.
Aquí es donde aparece la figura Enrique Calment. A pesar de que la Fiscalía desarrollaba las diligencias correspondientes, este abogado habló con los afectados de los decomisos para que le transfieran los predios, venderlos y así recuperar el dinero, es decir, entorpecer las labores del Ministerio Público.
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