Familias se disputan posesión de casa en El Agustino: ambas piden intervención de las autoridades
Una de las familias denuncia que el juez a cargo de su caso no se ha pronunciado al respecto y sus vidas corren peligro.
El señor Arturo Ramírez, residente en el distrito del Agustino, ha compartido con La República la difícil situación que vive junto con su familia. No solo se enfrentan a un inminente desalojo de su vivienda, sino que también están sumidos en una abrumadora deuda con bancos y personas, fruto de los gastos generados por el largo proceso legal al que se han visto sometidos. La incertidumbre sobre su futuro habitacional ha afectado psicológicamente a la familia.
Ramírez expresa su desconcierto ante la actitud de los denunciantes, primos de su esposa, al señalar que han intentado conciliar en diversas ocasiones, pero han encontrado resistencia. A pesar de haber completado el pago de la propiedad en disputa, la amenaza del desalojo persiste, lo que ha sumido a la familia en una crisis emocional. “Me siento impotente porque si no hubiera gastado tanto dinero en el juicio, estaríamos viviendo tranquilos”, indicó.
En esa línea, la educación universitaria de los hijos fue truncada debido a la difícil situación económica de la familia. La imposibilidad de costear los gastos educativos llevó a los jóvenes a abandonar la universidad. Además, la vida laboral del señor Arturo se ve afectada, ya que tuvo que vender su microempresa textil en las galerías de Gamarra para hacer frente a los gastos judiciales. Aquello lo dejó dependiente de trabajos eventuales que no cubren las necesidades familiares.
Familia exige que el Poder Judicial dé una respuesta lo más pronto posible. Foto: Miguel Calderón/LR
Al respecto, este proceso legal se remonta a 2018, desencadenado por la compra de la vivienda en 2012. A pesar de haber pagado inicialmente 20.000 dólares y enfrentar demoras en la obtención de créditos, acordaron un nuevo monto de 100.000 dólares. Aunque se realizó una conciliación, no llegaron a un acuerdo definitivo. La situación ha llevado a la familia a gastar más de 40.000 dólares en abogados y trámites legales.
La resolución judicial más reciente, emitida el 28 de diciembre de 2023, favorece a los demandantes: se reconoce su derecho al otorgamiento de la escritura pública. A pesar de este fallo favorable, la familia enfrenta la angustia del desalojo programado, lo que suma a la incertidumbre sobre su futuro habitacional.
Esta es la vivienda en disputa. Foto: Miguel Calderón/LR
Contraparte
Ezequiel Servan, implicado en este prolongado conflicto inmobiliario, ha dado a conocer su versión de los hechos. Asegura que en 2017 intentaron llegar a una conciliación, enviando cartas notariales, pero los involucrados no respondieron. A pesar de un segundo intento, la falta de comunicación persistió, generando tensiones que culminaron en ocho años de desencuentros.
Según sus declaraciones, a pesar de intentar realizar el pago en 2020, este nunca se concretó. Ezequiel, visiblemente indignado, afirmó que la propiedad ya no tiene el mismo valor y resaltó que este proceso afectó a su familia, haciendo hincapié en la delicada salud de su esposa y la deslealtad como el aspecto más doloroso que han tenido que vivir. “Me interesa limpiar la honorabilidad de mi familia” mencionó.
Katty Cachay, abogada de Adriana Montalvo, indicó que el predio fue vendido al señor Arturo Ramírez. Sin embargo, no realizó los pagos correspondientes por bastante tiempo y, mediante artimañas legales, ha logrado estar en la posición que se encuentra en la que el juez no ha brindado una respuesta certera.
"El contrato ellos lo suscribieron, no pagaron y se inició el desalojo. Ellos han usado argucias legales y quien era el juez, hoy ya no está en el caso", dijo la letrada.
