Sociedad

Gobernadores regionales piden derogar ley que promueve la deforestación en el Perú

Comunicado de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales manifiesta su preocupación por el cuidado de los bosques nacionales.

ANGR rechaza atentado del Congreso a la amazonía peruana. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
ANGR rechaza atentado del Congreso a la amazonía peruana. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha exigido la derogatoria de la autógrafa firmada por el Congreso de la República que modifica la Ley Forestal y promueve un atentado contra la amazonía peruana. Pronunciamiento se realizó el último sábado 13 de enero de 2024.

El Consejo Directivo de la ANGR criticó la iniciativa legislativa porque, para ellos, no fue consultada con el Poder Ejecutivo, la sociedad civil y las regiones amazónicas.

Esta organización califica el cambio legislativo como "grave atentado" al desarrollo sostenible de la Amazonía porque coloca "en grave riesgo el derecho de gozar de un ambiente equilibrado, promoviendo de manera indirecta actividades informales" que atentarían contra los bosques, agravando la deforestación que ya existe en el Perú.

ANGR denuncia falta de reconsideración

A través de un comunicado en sus plataformas digitales, la ANGR también expresó su preocupación y protesta ante esta medida que se realizó sin revisar los dos pedidos de reconsideración hechos por algunos parlamentarios que denunciaron el hecho.

"Los gobernadores Integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales manifestamos nuestra preocupación y enérgica protesta por la promulgación por insistencia a la Ley 31973 que modifica la Ley Forestal. Exigimos al Congreso la inmediata derogatoria de la Ley 31973", se lee en el pronunciamiento de los gobiernos regionales.

De acuerdo a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la forma en la que se ha procedido la promulgación de dicha iniciativa congresal fue "sin respetar" el reglamento del Parlamento, "vulnerando el procedimiento parlamentario, al existir reconsideraciones pendientes de votación al dictamen de insistencia de la propuesta normativa".