Exalcalde de Municipalidad Provincial de Chiclayo y exfuncionarios investigados por lavado de activos
Fiscal de lavado de activos requirió información por presunta colusión en el alquiler de compactadoras con empresa.
La República en GoogleEl tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso investigar al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, y sus exfuncionarios, por el presunto delito de lavado de activos.
El fiscal Miguel Salvatierra Ríos investiga al exburgomaestre de Chiclayo y otros por el mencionado delito en agravio del Estado. Los hechos en indagación se encuentran dentro de la carpeta fiscal n.° 96-2019 a la que accedió este diario.
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El último 6 de noviembre de 2023, el fiscal adjunto provincial Salvatierra Ríos solicitó a la fiscal anticorrupción de Lambayeque, Karim Ninaquispe Gil, las copias certificadas del proceso seguido contra la exautoridad y exfuncionarios de la municipalidad de Chiclayo, por la investigación que se les sigue en la carpeta fiscal n.° 156-2019.
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Dentro de la solicitud en el oficio, el fiscal Salvatierra Ríos señala que la información que se requiere es respecto a Marcos Gasco, Adriana Ghersi Burga, Edgardo Siadén Ortega, Ralph Montoya Vega, y otros. Las mencionadas personas fueron exfuncionarios de la administración de Gasco Arrobas, a excepción de Montoya Vega que fue representante de Veolia.
“(…) que se disponga a quien corresponda, a efectos de que, por su intermedio, remitan a este despacho fiscal las copias certificadas de las principales piezas procesales de la carpeta fiscal n.° 156-2019 (…) toda vez que las personas ya mencionadas se encuentran investigadas en este despacho fiscal por el presunto delito de lavado de activos”, se lee en el oficio fiscal.
¿Pero qué se investiga en la carpeta fiscal n.° 156-2019?
Los hechos investigados se basan en que, en abril de 2019, Marcos Gasco y sus funcionarios plantearon un supuesto desabastecimiento que afectaría el recojo de los residuos sólidos. Después, la comuna suscribió un contrato por casi S/2 millones con la empresa Veolia para que alquile 10 compactadoras al servicio de recojo de basura.
Es así que, la investigación a cargo de Karim Ninaquispe detectó una serie de incumplimientos a la Ley de Contrataciones que se habrían cometido para favorecer a Veolia. Esta situación fue advertida por la Contraloría que alertó un perjuicio económico de S/249.759 por la firma del contrato.
