Chiclayo: indicios de corrupción en obras de viviendas en José Leonardo Ortiz
La Contraloría responsabiliza a los funcionarios del Fondo Mivivienda y la comuna de JLO por irregularidades en construcción de casas de interés social. Familias denuncian trabajos inconclusos.
La República en GoogleUn informe de la Contraloría General descubrió serias irregularidades en la entrega de conformidades de obra en viviendas de interés social (VIS) construidas bajo el Programa Techo Propio del Fondo Mivivienda (FMV) en varios sectores del distrito de José Leonardo, en la provincia de Chiclayo (región Lambayeque).
Un grupo de familias leonardinas acudió al FMV, que pertenece al Ministerio de Vivienda, para solicitar un presupuesto para hacer mejoras en sus viviendas a través del Bono Familiar Habitacional (BFH), que pertenece al programa Techo Propio.
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Recuento
El informe también señala que los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) no llevaron a cabo una supervisión adecuada de la ejecución de los módulos de vivienda de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.
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La institución de control hizo una evaluación que corresponde al período de enero de 2020 y diciembre de 2022, es decir, a procesos realizados en la exgestión del alcalde Wilder Guevara.
A través del Informe de Auditoría n.° 012-2023, la Contraloría destacó que, a pesar que las viviendas estaban en proceso de construcción y presentaban deficiencias, se dieron conformidades de obra y se permitió la liberación de garantías a favor de las entidades técnicas constructoras que ejecutaron los proyectos.
Las viviendas se ejecutaron en las urbanizaciones Santa Ana, Carlos Stein, Villa Hermosa y Urrunaga, así como en el asentamiento humano Ramiro Prialé.
Las liberaciones de las garantías eran aprobadas por el FMV tras una tramitación respectiva de las constructoras, y considerando que la MDJLO había otorgado la conformidad de la obra, a través de los formularios únicos edificación (solicitud de licencia de edificación y solicitud de conformidad de obra y declaratoria de edificación).
Lo más grave, según la Contraloría, es que se descubrió que las firmas de los funcionarios municipales en estas conformidades de obra y de los beneficiarios son falsas, lo que permitió a las entidades técnicas ejecutoras (constructoras) obtener la liberación de sus garantías.
Por ejemplo, las empresas mencionadas en el informe son Majestry Constructora SAC, Aurelios Constructores del Norte EIRL y LOUH Ingeniería y Construcción SAC. La primera ejecutora tuvo a su cargo la construcción de viviendas para dos beneficiarios, mientras las otras dos ejecutoras eran responsables de la ejecución de viviendas para tres beneficiarios.
Como parte de la auditoría, el personal de control se entrevistó con las personas afectadas por estas irregularidades. El beneficiario Carlos Morales Tesén denunció que tuvo que costear los trabajos inconclusos debido a que la unidad técnica no concluyó los trabajos en su vivienda, mientras la beneficiaria Abadita Vásquez Castillo señaló que la empresa constructora no realizó ningún trabajo en su vivienda, pese a que se le ordenó demoler sus paredes y techo de adobe.
Los beneficiarios Rosa Neria Mego y Samuel Chingo Gómez también denuncian que la unidad ejecutora tampoco terminó de construir sus casas. Delfina Ticlla Villoslada y otras dos familias también denunciaron vicios en la construcción de viviendas.
