Mayor de la PNP dirigía un equipo policial y también una red criminal

La mayor PNP Suzzetty Flor de María Alcedo Ángeles aparentaba ser una oficial ejemplar: la dedicación a su carrera solo era superada por la devoción a su familia. Jamás nadie sospechó que en realidad ocultaba un terrible secreto.

Como jefa de la Unidad de Tránsito de Tumbes, esta mujer de 42 años planificaba operativos de seguridad vial. Sus compañeros la recuerdan como una persona que estaba siempre con una sonrisa y ansiosa por ayudar a quienes lo necesitaban.

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Además, era muy elogiada por los jefes de la Policía Nacional. En el 2021 fue la primera mujer que asumió la jefatura de la comisaría distrital de Aguas Verdes, donde tuvo la difícil labor de combatir el contrabando y el pase ilegal de extranjeros en esta zona fronteriza.

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Antes fue comisario rural de San Martín de Porres, en la región Lambayeque, y señaló en varias oportunidades lo importante que era para ella su trabajo. Sin embargo, detrás de la apariencia respetable de esta oficial había una doble vida que la ha puesto en el banquillo: es acusada de ser cabecilla de una organización criminal dedicada a cobrar cupos a transportistas.

Diez policías y cuatro civiles

La fiscal provincial Erika Solís Castro ejecutó el miércoles un operativo que la condujo a la detención preliminar de Suzzetty Alcedo por 15 días, acusada del delito de cohecho pasivo propio e impropio en el ejercicio de la función policial.

Por los mismos cargos fueron arrestados los suboficiales de primera Hernán Loaiza Morán, Andy Jiménez Sánchez y Jaime Montalván Peña. También el suboficial de segunda Luis Vilela Ramírez.

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Asimismo, los suboficiales de tercera Keiser Navarro Gabriel, Anthony Boyer Carrillo, Otto Gamboa Luna, Humberto Alexander Pingo Nima y Jhonsber Oswaldo Aguilar Dioses.

Además, fueron detenidos los civiles Jorge Sunción Ramírez, Marco Benigno Apolo Silva, Daniel Concha y Daniel Guillermo Chinchay Alfaro.

Así operaba la red

Los investigadores identificaron seis paraderos de transportistas que entregaban dádivas a los efectivos policiales. Estos hechos quedaron verificados con las medidas autorizadas de videovigilancia en zonas públicas e interceptación telefónica, realizadas desde abril.

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Cada integrante de ‘Los Cuponeros de Tumbes’ cumplía un rol. Apenas eran identificadas las empresas de transporte, los policías de tránsito eran asignados a las zonas donde estas tenían sus paraderos.

Así entablaban contacto con los representantes de los transportistas y les solicitaban dinero con la finalidad de incumplir sus funciones, como permitirles el libre tránsito, ubicarse en zonas rígidas, la no imposición de papeletas, dejar que solo funcione dicho paradero e impedir que otros vehículos afecten sus labores.

El dinero era entregado de manera diaria por todos los miembros de las asociaciones de transportistas que incluso pasaban extranjeros por la frontera.

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Como sistema de recolección implementaron la participación de terceros. Así, en cada asociación se ubicaba uno que llevaba el registro de lo que se cobraba. El dinero era entregado a un colaborador de la zona, este lo llevaba a un coordinador que finalmente se encargaba de la entrega a los policías.

Resumen de la fiscalía

La vigilancia e interceptación telefónica a los policías se inició en abril, según las investigaciones preliminares de la Fiscalía y la propia institución policial.