Mario Amoretti: “Norma que endurece las penas por robo de celulares es populista”
Tras publicación en El Peruano. Abogados Mario Amoretti y Carlos Caro cuestionaron que este delito tenga un castigo más duro que el homicidio. “Sería más eficaz cerrar lugares de venta”, dijeron.
- Surco rinde homenaje póstumo al suboficial Patrick Ospina y bautiza con su nombre el Albergue Municipal de Mascotas
- Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante
El Gobierno oficializó el decreto legislativo 1578, que modifica el Código Penal con el fin de sancionar hasta con cadena perpetua a quien robe un celular y cause lesiones graves o muerte a la víctima, en un intento de frenar la inseguridad ciudadana.
Además, dicho decreto endurece la condena por robo de equipos móviles con cárcel de entre 12 y 20 años. La pena privativa de la libertad podría aumentar hasta 30 años si se causa lesiones a la víctima y se emplea para el delito un artefacto explosivo o un vehículo motorizado.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Sin embargo, esta norma ha sido cuestionada por diversos especialistas del Código Penal. “El uso de algún artefacto explosivo ya está tipificado como delito de terrorismo”, afirmó el abogado penalista Mario Amoretti. Para él, el decreto legislativo 1578 “es un engañamuchachos para ganar titulares; además de que favorece al ladrón”.
Según el Código Penal, el homicidio tiene una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, pero se ha aprobado este decreto que establece una pena de hasta 30 años por el robo de celulares. “Si el delincuente se acoge a la confesión sincera o anticipada, puede lograr que le rebajen la pena”.
Amoretti señaló que sería más eficaz si los policías, alcaldes, fiscales y jueces desactivaran los lugares donde se venden celulares robados que todos conocen, como Las Malvinas.
Asimismo, señaló que sancionar con 30 años por robar un celular “es una medida populista que, en el tiempo, no va a tener resultados efectivos”.
Para el abogado penalista Carlos Caro, la norma tiene tres problemas. El primero es la proporcionalidad. “En un sistema legal racional, el castigo más grave tiene que estar previsto para el homicidio. Si este tiene una pena de 20 años, ¿por qué robar celulares tiene una sanción de hasta 30 años? ¿Es más valioso un celular que una vida?”.
En segundo lugar, dijo, esto genera un desincentivo o un incentivo perverso, “porque para un ladrón puede ser ahora más beneficioso matar a una persona que tiene una pena menor que robar un celular. Por último, señaló que en ningún sistema legal ha funcionado la idea de que el aumento del castigo va a generar la reducción de la criminalidad. “Los ladrones nunca están con una calculadora viendo cuántos años van a ir una prisión. Ellos creen que nunca van a ser capturados”, subrayó.
Respuesta del ministro
“Estamos atacando la cadena completa: el que roba, el que compra, y el que comercializa celulares robados. Esta medida va a ser efectiva y segura. La oferta y la demanda de celulares robados, estoy seguro, va a decrecer. Ahora, la pena será de 20 a 30 años, especialmente para aquellos que usan un vehículo o arma de fuego”, dijo el ministro del Interior Vicente Romero.
PUEDES VER: ¿Sabías qué en PERÚ existe un colegio 100% virtual y que enseña inicial, primaria y secundaria?
También advirtió que hay penas para los que venden celulares robados y a los que los modifican estos equipos. “No creo que se atrevan a seguir exhibiéndolos. La receptación será castigada con cuatro años”, dijo.
Expulsión de extranjeros en noviembre
El ministro del Interior pidió a los extranjeros residentes irregularmente en el país a que ordenen su situación hasta el 10 de noviembre, ya que desde ese día empezarán las expulsiones.
Adelantó que se hacen coordinaciones con autoridades de Venezuela (por la mayoría de migrantes irregulares).
Por otro lado, sobre el estado en 4 distritos de Lima, dijo que ha aumentado el número de detenciones, pero solo un 5% llega a las cárceles. “Hay una reducción de hasta un 39 % en los distritos donde está en vigor esta medida (20% en SJL, 21% en SMP, 39% en Cercado y 21% en Lince)”, dijo.
La clave
La pena para los que clonan o adulteran la tarjeta SIM o el IMEI es de entre 4 y 6 años de cárcel. “A los que comercialicen estos dispositivos se les puede condenar hasta con 4 años de prisión”, señala dicho decreto.
