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Sociedad

La Libertad: 94 servidores estatales implicados en presuntas irregularidades

Tendrían responsabilidad civil, penal y administrativa, según Contraloría.

Peritos de Contraloría verifi can irregularidades. Foto: Contraloria
Peritos de Contraloría verifi can irregularidades. Foto: Contraloria

La Contraloría General de la República (CGR) ejecutó en La Libertad en lo que va del 2023, un total de 1.249 servicios de control, de los cuales 1.061 corresponden al control simultáneo y 188 al control posterior. En 20 de estos últimos se hallaron presuntas responsabilidades civiles, penales y administrativas en 94 funcionarios y empleados públicos. Así lo dio a conocer Joan Ramírez Merino, gerente regional de Control en La Libertad, en el marco de la exposición de resultados del segundo cuatrimestre 2023 (mayo-agosto), en la que además precisó que se han enfatizado los servicios de control simultáneo para advertir situaciones adversas a ser corregidas por las entidades sujetas a control.

Respecto a ello y como resultado de los servicios de control simultáneo ejecutados en el segundo cuatrimestre del año, se identificaron 943 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan. De dicho total, 160 (17%) situaciones adversas han sido resueltas o están en proceso de resolverse, 78 (8,2 %) no han sido corregidas por parte de los titulares de las entidades públicas comprometidas y en 699 (74,12 %) no se adoptaron acciones.

Hallazgo en Beneficencia

Entre los principales informes de control posterior destaca el control específico n.° 13258- 2023-CG/GRLIB-SCE a la Sociedad de Beneficencia de Trujillo, que halla presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios o servidores, por la suscripción del contrato de renovación y ampliación de la concesión del cementerio de Mampuesto, en la capital de La Libertad.

Esto se hizo sin conocimiento del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo y a pesar de que la norma que permitió su concesión fue derogada y sin tener en cuenta el contrato vigente, la Ley de Cementerios y el Código Civil.