Juan Acosta: "Se debe exigir cumplir con ley de salud mental"
Necesidad. Médico especialista señala que no hay un abordaje y menos una agenda pública para tratar este problema.
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El día a día de la región norte ha cambiado mucho en los últimos tiempos y se ha convertido en un escenario de atentados por extorsión, homicidios, robos, entre otros hechos de violencia, en donde la población vive en zozobra ante tanta inseguridad.
En ese contexto, el médico Juan Acosta Horna, fundador del primer centro de salud mental comunitario del distrito de Florencia de Mora (La Libertad), refirió que actualmente hay un proceso de recambio en el aspecto de la generación de hechos relacionados con la violencia, vinculada con eventos más dolorosos, indignantes e inhumanos.
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El especialista en salud mental, sin embargo, precisó que, lamentablemente, no hay una agenda pública en el abordaje de las causas que propician este tipo de actos que día a día son reportados por los medios de comunicación.
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“Si bien es cierto que existe indignación como sociedad, dicha indignación es pasajera y reaparece cuando ocurre otro hecho y continúa repitiéndose. Ese ciclo lo vemos en el día a día como sociedad, ni siquiera hemos puesto en la agenda pública el abordaje de las causas, nos hemos quedado en el después, en la cadena perpetua, en el debate de la pena de muerte, en la castración y otros que, si bien son parte de un debate necesario, se han dejado de lado las causas que generan estas conductas de rasgo disocial y psicopático de los agresores y las causas de las conductas que se asocian a las víctimas en algunos casos”, mencionó.
Acosta Horna mencionó que existe la ley de salud mental, pero no se cumple, a pesar de que sería trascendental ante este difícil escenario.
“Si bien es cierto que tenemos mayor oferta de consulta externa en salud mental en los centros de salud mental comunitarios, la ley indica que deben existir otros dispositivos como centros de seguimiento a niños hijos de madres con enfermedad mental grave o víctimas de violencia, centros infantojuveniles, centros para abordaje de adicciones para personas con problemas en salud mental, así como servicios de urgencia diferenciados en los hospitales distritales, hospitalización domiciliaria, SAMU especializado, casas de refugio y hogares protegidos. Es nuestra responsabilidad como sociedad exigir que la ley se cumpla”, declaró el experto regional.
