Sociedad

Contraloría advierte irregularidades en la UNI por acoger a protestantes para la Toma de Lima

La entidad también advirtió que solo el 27% de las personas recibidas eran estudiantes.


La Contraloría solicitó al rector tomar medidas frente a las irregularidades encontradas. Foto: La República
La Contraloría solicitó al rector tomar medidas frente a las irregularidades encontradas. Foto: La República

La Contraloría General de la República advirtió irregularidades en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por “afectar al uso correcto de bienes públicos”, luego de que el último 18 de enero albergara a los estudiantes que llegaron a la capital para la marcha denominada Toma de Lima.

“(…) se advierte que el Consejo Universitario incurrió en inobservancia a la Ley Universitaria, Estatuto de la UNI y Reglamento de uso de locales y espacios público, al autorizar acoger dentro del campus de la UNI (…) cuyo objeto es brindar alojamiento a personas provenientes de otras ciudades, siendo esto de interés y beneficio particular de las personas acogidas que no obedece a los fines de la UNI”, se lee en el informe N.° 008-2023/OCI/0209-AOP.

En consecuencia, la Contraloría solicitó al rector Alfonso López Chau que “adopte acciones ante la existencia de irregularidades reportadas”.
Asimismo, la entidad comunicó que otra de las irregularidades es que la mayoría de los acogidos en la casa superior de estudios no fueron estudiantes, como se había informado.

De acuerdo con Sunedu, de los 191 ciudadanos acogidos en la universidad, 86 son universitarios, cinco son familiares de los estudiantes y 80 no son universitarios.

El informe de la Contraloría General de la República señala que "[…] de la información brindada por Sunedu, se advierte que solo el 27% de personas registradas en la relación de personas acogidas proporcionada por la entidad ostenta la condición de universitarios, y sobre el 73% restante no se encontró registro".

Ante ello, la Contraloría exhortó al rector a “adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior”.