8M: ¿cuáles son las demandas de las trabajadoras sexuales en el Perú y qué barreras enfrentan?
En el marco del Día Internacional de la Mujer, trabajadoras sexuales piden al Estado peruano que atiendan sus demandas, ya que la labor que ellas realizan no es ilegal, pero está desprotegida.
El trabajo sexual es censurado en el Perú, aunque no haya una ley que lo prohíba. Aunque lo llamen como “la forma fácil para ganar dinero”, realmente no lo es en este campo. Varias trabajadoras sexuales vienen siendo asesinadas estos días por mafias que las extorsionan a cambio de cupos para acceder a esta labor.
Según Azucena del Corso, presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales del Perú y secretaria general del primer sindicato de este oficio, las matanzas se están dando hacia compañeras de otros países, quienes son traídas por mafias y estas les terminan cobrando los gastos del viaje, aparte de la cuota semanal de S/200.
Toda esta exposición a la delincuencia se ve reforzada por la cultura de criminalización y estigmatización de esta labor, lo que ha llevado a las mujeres a una situación de desamparo, frente a autoridades como la Policía y municipios, que también ejercen violencia hacia ellas, aunque su trabajo no esté prohibido en el país.
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La situación legal
Ser trabajadora sexual no es un delito en el Perú. El código penal no establece en ni una de sus páginas que quienes la ejercen lo hacen ilegalmente. Además, el artículo 2º inciso 24 de la Constitución Política del Perú indica que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.
"No es un delito ni está penado ni sancionado, lo que sí está es el proxenetismo, la trata de personas y la explotación sexual. Hay que tomar en consideración que muchas veces, en este contexto del trabajo sexual, se da la trata de menores de edad y la trata de mujeres migrantes", indica la abogada especializada en género Amiré Ortiz.
Como menciona la letrada, tanto el proxenetismo y la trata de personas son delitos que están tipificados en los artículos 181 y 129-A del Código Penal Peruano; sin embargo, aunque ambos se dediquen a la comercialización sexual, no hay que confundirlos, ya que se dan en contextos diferentes.
"En la trata se utiliza a la persona como si fuera un objeto, no como si no fuera un sujeto de derechos. Entonces, esta puede ser comercializada o vendida con fines sexuales o laborales, para tú servirte o beneficiarte a cambio. En el caso del proxenetismo es netamente vinculado a la explotación sexual, al que comercializa o instrumentaliza a las mujeres o adolescente para fines de la prostitución", comenta Ortiz.
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Los abusos
Aunque hay personas que ejercen el trabajo sexual de manera libre e independiente, quienes llegan a ese espacio es porque muchas veces no tienen otra alternativa laboral. Según el Informe Global de trata de personas de la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) del 2018, la mayoría de las mujeres que son sometidas a la explotación sexual son migrantes en situación irregular (documentos) o en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
"Muchas son menores de edad (…). Lo que he conversado con ellas es que dicen que las han traído desde su casa en Venezuela para acá. Ahora por traerlas y con los gastos de viaje y todo deben como 5.000 dólares. Entonces esos son los cupos que vienen y les cobran a las chicas para que paguen semanalmente", cuenta la presidenta de Redtrasex.
Asimismo, estas mafias no solo extorsionan a mujeres migrantes, pues las trabajadoras sexuales trans también se ven afectadas. Según un reportaje de "Cuarto poder", a ellas se les cobra hasta S/350 semanales para no atentar contra sus vidas. Si bien esta extorsión se registra en varios distritos de la capital del Perú, el centro de Lima es la zona de mayor índice. La banda criminal responsable es el Tren de Aragua, según la PNP.
“Necesitamos que el Estado haga algo con estas mafias extranjeras que están acabando con nosotras. Nos cobran hasta S/90 al día o S/350 semanales para que no atenten contra nuestras vidas”, refirió una mujer trans para el programa dominical.
A pesar de que existe este contexto visible de desprotección, Azucena del Corso indica que no es el único abuso por el que tienen que pasar las trabajadoras sexuales.
"Siempre en el Perú ha habido abuso de autoridad policiaca y de serenazgo. Hacen abusos sexuales de ellas, les quitan su plata, las detienen en una comisaría y les dicen: 'Bueno, 20 por cabeza', para que las dejen ir", contó la sindicalista.
En la misma línea, la abogada Ortiz mencionó que estas "redadas" se realizan con el objetivo de hacer parecer que están teniendo una conducta inmoral ante los vecinos
"Lo que quieren hacer es como una limpieza, pero una limpieza hacia afuera, momentánea, la cual quieren no estigmatizar con este tipo de detención, que son totalmente ilegales y arbitrarias, ya que atenta contra los derechos de cada una de las personas. Eso es contrario a la norma, no pueden salir, agredir, simplemente porque la persona está allí", aclara la letrada.
A la espera de una respuesta del Gobierno
Ante este escenario agresivo y desprotegido que tienen las trabajadoras sexuales, el pedido principal que le hacen al Gobierno es que se cree una ley y norma para el ejercicio de la prostitución de forma segura para quienes decidan ejercerla y, a partir de ello, contribuir en la identificación y disminución de la trata.
"No solo basta que se legalice el trabajo sexual, sino que se busque una calle segura para poder trabajar. Sabemos que tenemos que respetar, que no podemos estar en un sitio donde vive la gente y todo eso. Entonces, pedimos que nos den una zona donde las chicas pueden estar tranquilas, sin que las maten, sin que las violen o que les roben", reclama del Corso.
Asimismo, la representante de Redtrasex aclara que no están de acuerdo con la creación de una zona rosa, ya que estas estarían manejadas por los municipios.
"No queremos una zona rosa, porque ellos quieren hacerla, pero fuera de Lima. Además, quien haría la zona rosa sería la Municipalidad. Ellos nos cobrarían y nos vivirían los alcaldes de Lima porque tendrían el control. Así que no estamos de acuerdo con la zona rosa, pero sí con calles seguras", aclaró la presidenta de la red.
Por otro lado, la sindicalista comentó que en la actualidad el único ente estatal que las apoya es la Defensoría del Pueblo, que les ha ofrecido una serie de números para que ellas llamen cada que haya una detención arbitraría.
"Lo único que ha hecho el Ministerio de la Mujer es mandarnos a su equipo a comunicar que va a tratar de crear mesas para ver cómo solucionar los problemas de las trabajadoras sexuales", comenta la presidenta de la red.
En cuanto al Legislativo, del Corso informa que solo tienen contacto con la congresista Susel Paredes, que les ha pedido reformular el proyecto de ley que iban a presentar junto con las excongresistas Indira Huilca y Marisa Glave antes que cerrara el congreso en el 2019.
Finalmente, la presidenta lamentó que todo este contexto político inestable no ayude la creación de una propuesta sólida para la ley, ya que con el cambio constante de gabinetes, los diálogos o lazos que pueden establecer con las ministras de la Mujer, se pierden.
"Con una ministra que viene y dice que tiene el equipo de abogados, que vamos a hacer una mesa, nos vamos a juntar, que vamos a solicitar y tratar de solucionar el problema de las trabajadoras, y al día siguiente ya hay otra representante de la mujer", finaliza la extrabajadora sexual.
