Rafael Simpson: "Verticalidad en la construcción no va contra la sostenibilidad"

Rafael Simpson señala las dificultades que tienen las empresas inmobiliarias para la construcción de viviendas. Estima que faltan reglas claras y llama la atención a las decisiones de algunos municipios de no otorgar licencias. También se refiere a la verticalidad en la construcción y a la ausencia de un plan urbano para Lima.

—Existe la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, pero hay algunas dificultades con el reglamento 3 que tiene que ver con regulaciones de densidad, vivienda social, planes de desarrollo metropolitano y planes de desarrollo específico...

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—Los empresarios y desarrolladores no tenemos inconvenientes con el reglamento 3. Los gremios, ADI, ASEI y Capeco, hemos dado aportes en mesas de trabajo. Entiendo que se han publicado dos y falta el último que está causando algunas polémicas, pero no en el sector empresarial.

—¿En qué situaciones tienen que ser fiscalizados por revisores urbanos del Ministerio de Vivienda y cuándo deben tratar con las comisiones técnicas de las municipalidades?

—La Ley 29090 es el marco regulatorio para obtener lo que es permiso de habilitación urbana, construcción, conformidades. El marco legal permite ambos caminos, o ir por el de la comisión dentro de la municipalidad o el camino del revisor urbano. La ley lo contempla.

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—¿Dónde terminan las competencias de los municipios y dónde del Ministerio de Vivienda?

—El Ministerio de Vivienda tiene su competencia desde la promoción a la vivienda de interés social y cuenta con decretos como el 02, el 012, el 010, que son en favor de este tipo de vivienda. Creo que en el sector inmobiliario deberíamos trabajar para cerrar la brecha del déficit habitacional: 1,7 millones en términos totales y 500 mil viviendas en lo cuantitativo.

—Se ha creado un conflicto con algunos alcaldes en Lima.

—Hay alcaldes que no quieren reconocer los decretos que regulan la vivienda de interés social. Los empresarios, que promovemos proyectos en favor de las familias, necesitamos reglas claras de juego. No puede venir un alcalde y reinventar un distrito o querer obedecer ciertas normas y ciertas no.

—En la última campaña electoral, algunos alcaldes prometieron a los vecinos respetar sus espacios y evitar la afluencia de edificios. 

—La realidad es que los inversionistas, los desarrolladores, necesitamos reglas claras. Las reglas no pueden cambiar en cada periodo. En todo caso debería haber una transición. Hoy tenemos un alcalde que dice que no va a dar más licencias por seis meses y cambia intempestivamente las reglas de juego. Lima necesita 150 mil viviendas nuevas y el país tiene que satisfacer esto en los diversos programas de interés social o a través de otros mecanismos.

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—Hay quienes sostienen que el verticalismo no permite tener una vida buena, sana.

—La verticalidad promueve espacios abiertos, áreas comunes, servicios para las familias, más. Eso de que la verticalidad va en contra de la sostenibilidad es un mito.

—Lo cierto es que carecemos de un planeamiento urbano.

—No lo hay, el plan urbano vigente tenía más de 40 años. ¿Se imagina cuánto evoluciona la sociedad en 40 años, la estructura de familias, los hábitos? Tenemos que adaptar la ciudad más rápidamente, la ciudad tiene que tener un plan mucho más ágil y actualizado.

—Respecto a las normas ¿dónde está el nudo?

—No se permite avanzar si no promovemos la vivienda de interés social, que es la que más se necesita. Formalmente se han ejecutado 31 mil viviendas de IS el año pasado, 18 mil en Techo Propio y 13 mil en Mivivienda. Se habría ejecutado más con un mayor presupuesto de subsidio para el Fondo Mivivienda. Y los distritos deben tener sus planes que suban a la provincial, además de una visión de ciudad con reglas claras.

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—¿Qué es lo que pediría usted específicamente?

—A las municipalidades, que están de alguna manera suspendiendo licencias, que nos escuchen y trabajemos juntos.

—Como Surco, Magdalena, donde hay mayor desarrollo inmobiliario.

—Así es. Magdalena, Surco, Jesús María. Magdalena en este momento tiene una oferta de 1.800 unidades, Surco 3.500 unidades y Jesús María 3.300.

—Ahí ustedes tienen problemas.

—El alcalde que ha declarado una veda de licencias es el de Magdalena, y es el que menos unidades tiene, 1.800. Los alcaldes deben respetar los procedimientos de la Ley 29090, es decir, los procesos de otorgamiento de licencias y de nulidades. Si quieren cambiarlos, tienen que dar unos periodos de transición, de lo contrario, crean incertidumbre.

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—¿Qué debe pasar para conciliar estas posiciones?

—Sentarnos a la mesa: ministerio, municipalidad provincial, algunos distritos, y conversar. En febrero, ADI, ASEI y Capeco vamos a propiciar un conversatorio sobre los temas de promoción a viviendas de interés social.