Comunidades amenazan paralizar minería en el sur
Pérdidas. Conminan a compañías a suspender operaciones, de lo contrario, atentarán contra sus campamentos, como ya ocurrió con Anabi, Antapaccay y Hudbay.
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Comunidades campesinas declaradas en huelga indefinida, pretenden paralizar todas las operaciones mineras en el sur del país, lo que coloca a la economía peruana en una situación crítica. Las exportaciones de cobre son su principal motor.
La República accedió a un audio donde se coordina la toma de las instalaciones mineras. Ello ya ocurrió con Anabi, Antapaccay y Hudbay en las últimas 48 horas.
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Ahora están en la mira Aruntani y el suministro de agua de la operación minera Quellaveco. Esta compañía que opera en Moquegua, tiene una represa a donde ya se habría pretendido llegar para afectar la infraestructura hídrica.
Para los huelguistas, las actividades mineras deben paralizar hasta que renuncie Dina Boluarte.
En Cusco, tres compañías sufrieron atentados: Hudbay, Anabi y Antapaccay, esta última anunció la paralización de sus actividades por el ataque a su campamento.
Los ataques de esta semana se dieron de manera consecutiva en las dos provincias cusqueñas que forman parte del corredor minero del sur, Espinar y Chumbivilcas.
Según el especialista e investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, la región del Cusco verá comprometido el 20% de presupuesto que recibe de canon minero, gasífero y regalías, si la situación se alarga.
“En el año 2022, Cusco recibió 2.700 millones de soles por canon, de ese total el 75% se fueron a las municipalidades provinciales y distritales, el 20% al Gobierno Regional y un 5% a las universidades, si esto sigue obviamente va a disminuir el monto que se recibe y también a la dinámica nacional, dijo Baca.
A nivel provincial, el presupuesto de obras de Chumbivilcas (48%) y Espinar (70%) proviene del canon. La actividad minera genera por compras más de 220 millones de soles al año.
Dirigentes le restan importancia
Los dirigentes Flavio Huanqque y Wilbert Puellay de Espinar y Chumbivilcas respectivamente, le restaron importancia a las pérdidas económicas por la paralización de operaciones mineras, sustentando que la población que protesta había solicitado mucho antes el cese de las actividades. Para los representantes de ambas provincias, la agenda política y las muertes en el sur son más importantes que las pérdida económicas.
