Organizaciones de jóvenes exigen que Estado garantice sus derechos sexuales y reproductivos

Por una vida libre de violencia. 20 organizaciones juveniles de Ayacucho, Lima, Pasco, Puno, Cajamarca, Loreto, Junín y Lambayeque exigen al Ministerio de Salud (MINSA) y Ministerio de Educación (Minedu) que se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos. Los jóvenes han expresado las problemáticas que viven y las demandas que requieren.

El intercambio de testimonios alertó, una vez más, sobre la doble situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las jóvenes por los perjuicios a las que están expuestas por su edad y su condición de mujeres: 16 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual a diario, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

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La realidad es aún más grave para la juventud indígena, ya que se suman las brechas por su ubicación geográfica, etnia, idioma y condición de pobreza. En esa línea, se identificaron 1.854 casos de abuso sexual a mujeres indígenas durante el 2019, cuyo porcentaje es mayor entre personas de 8 a 22 años, según el Reporte nacional sobre violencia sexual contra niñas y jóvenes indígenas, realizado por Chirapaq (2021).

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Como parte de las propuestas para atender y prevenir la violencia sexual y, por consecuencia, el embarazo adolescente, los jóvenes exigen al Minsa lo siguiente: “La implementación de la atención integral en salud sexual y reproductiva bilingüe, con trato amable, cálido, respetando nuestras culturas, con información diferenciada y contextualizada a nuestras necesidades y vivencias, cumpliendo con el principio de confidencialidad y fortaleciendo las capacitaciones al personal médico para la intervención intercultural”.

En tanto, piden que el Minedu garantice “la educación sexual integral en las escuelas, poniendo especial énfasis en la pertinencia cultural; fortalecer competencias en los estudiantes para identificar y reaccionar frente a las violencias y brindar información sobre los lugares a los que recurrir en casos de violencia sexual. De igual forma, formular estrategias para identificar casos de embarazo adolescente y así evitar deserción escolar”.

Este pedido cobra relevancia en el contexto en el que grupos antiderechos vienen atentando a la educación sexual integral, ya que la Ley N° 904-2021, que reduce el rol rector del Minedu, fue aprobada por el Congreso tras seis años de insistencia. Pese a que diferentes organizaciones alertaron sobre posibles atentados contra textos escolares, el presidente Pedro Castillo no observó la iniciativa legislativa, por lo que esta ya fue publicada en el diario El Peruano.