Amazonas: denuncian que instalaron casas prefabricadas para damnificados en terreno inhabitable
El Ministerio de Vivienda entregó a los damnificados del distrito de Cajaruro 25 módulos valorizados en 500.000 soles. Sin embargo, estos se hunden por estar en una zona peligrosa.
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En 2020, decenas de viviendas del distrito de Cajaruro, provincia de Uctubamba, en la región Amazonas, fueron arrasadas por el deslizamiento de tierra que provocaron las torrenciales lluvias. Desde entonces, las familias continúan viviendo en carpas, ya que los 25 módulos prefabricados valorizados en 500.000 soles que les entregó el Ministerio de Vivienda no se encuentran en condiciones de ser habitados.
Según informó “América noticias”, fueron funcionarios de la municipalidad del distrito quienes recomendaron la instalación de las casas prefabricadas en el terreno que, actualmente, presenta grietas y erosiones.
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Ciudadanos mostraron indignados cómo las bases de los refugios están sobre tierra arcillosa y húmeda. Esta situación fue corroborada por la congresista Mery Infantes, quien viajó hasta el lugar para verificar lo denunciado por los lugareños.
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“Es indignante, pero lo peor de todo es que tú mandas documentos e informes a la municipalidad, al Gobierno regional, a los ministerios y no hay respuesta. Eso para mí ha sido lo más frustrante”, señaló la parlamentaria.
A pesar de sus escasos recursos económicos, los residentes de una de las zonas más pobres del norte del Perú aportaron 1.000 soles para acceder al terreno de propiedad privada. Ahora, el elefante blanco luce carcomido por las lluvias y tampoco hay servicio de luz ni desagüe.
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¿Quién es responsable?
El Ministerio de Vivienda apuntó la responsabilidad hacia el burgomaestre de Cajaruro, Hildebrando Tineo. “La percepción de nosotros es que el alcalde tiene que terminar de hacer su chamba. No tenemos por qué liberar al alcalde de su obligación y de su responsabilidad para con la gente”, afirmó el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Santa María.
No obstante, la autoridad se defendió al argumentar que el Gobierno regional es el que emite la evaluación de riesgos. “Nosotros no lo hemos emitido, nosotros solicitamos la evaluación de riesgos del terreno que nosotros, conjuntamente con la población, se propuso en una mesa de trabajo”, aseveró.
