Puno: planta de oxigeno de Juliaca no cumple con capacidad requerida

La planta de oxígeno que el municipio provincial de San Román (Juliaca) entregó al hospital Carlos Monge Medrano, entre bombos y platillos en noviembre de 2020, solo tiene una capacidad de 600 litros de almacenamiento y no los 1.000 litros de capacidad que debería tener. Es decir, no se cumplieron las especificaciones técnicas.

La anomalía fue detectada por la Contraloría General de la República. En esa línea, la entidad fiscalizadora emitió el Informe de Control Específico N° 023-2022-2-0465-SCE. En el mencionado documento, se detalla una serie de irregularidades que se dieron durante el proceso de adquisición de la planta en el marco de la pandemia de la COVID-19.

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Según el hallazgo de la Contraloría, de acuerdo a las especificaciones técnicas, el tanque de comprimido y almacenamiento debería tener una capacidad de 1.400 y 1.000 litros, respectivamente. Sin embargo, la capacidad en cada uno de los ítems era solo de 600 litros, mucho menos de lo que se requería comprar.

Pese a que ello, según el informe de la Contraloría, Abelardo León Miranda (residente del proyecto) y Roger Epifanio Mamani Choque (supervisor), el 07 de noviembre de 2020, recepcionaron la planta sin contar con informes de instalación, configuración de los equipos y funcionamiento de la planta.

Quisieron arreglarlo

La Contraloría detectó, además, que, con fecha 23 de diciembre de 2020 y mediante Resolución Gerencial N° 331-2020, se aprobó modificar las especificaciones técnicas de la planta de manera retroactiva para adecuarla a la característica que el proveedor entregó.

En el documento se precisa que la capacidad de almacenamiento y comprimido debería de ser de más de 500 litros. Si bien el cambio no tuvo efecto, el documento se habría elaborado para justificar la irregular recepción del bien al proveedor Jorge Alberto Silva Bertolotti. Las anomalías no solo se dieron al momento de la recepción del equipo, sino también en el proceso de adjudicación.

Según el organismo fiscalizador, el proveedor durante y después de la firma del contrato debió entregar un plan de mantenimiento preventivo, plan de capacitación y certificado y permiso sanitario. Estos requisitos fueron pasados por alto por Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de logística del municipio de San Román.

Con el informe de conformidad de servicio a favor del proveedor, el cual fue elaborado por Abelardo León Miranda (residente del proyecto) y Roger Epifanio Mamani Choque (supervisor), el gerente de infraestructura del municipio, Hernán Almonte Pilco, tramitó el pago del proveedor ante la Gerencia de Administración.

Almonte hizo el trámite, pese a que debía velar con que se cumplen las especificaciones técnicas. Además, él fue uno de los funcionarios que aprobó las exigencias técnicas que debía cumplir la planta

Ante ello, la Contraloría concluyó que se debe abrir acciones penales a los presunto responsables, pues habrían incurrido en diversos delitos.

Para el abogado Miguel Villar, los involucrados se coludieron. “Está claro. Recepcionaron un bien que no se ajustaba a las especificaciones técnicas y después buscaron corregir el engaño al Estado con una resolución gerencial. La fiscalía debe tomar acciones de oficio. Este es un caso parecido al de Agustín Luque, razón por la cual está con prisión preventiva. Acá ha colusión agravada y otros delitos“, dijo.

Desestima informe

La República buscó la versión del alcalde de San Román, David Sucacahua Yucra. Este dijo que respeta el informe de la Contraloría. Alegó, además, que sobre la compra podrán decir lo que sea, pero menos que fue adquirido a un alto costo. Precisó que le tienen sin cuidado las observaciones del organismo fiscalizador porque, para él, lo más importante es que con el equipo se salvó vidas.

Aseguró que si hay alguna acción penal, dará la cara. Para el edil, la adquisición fue transparente. Agregó, también, que le causa sorpresa que los técnicos de la Contraloría emitan un informe como si fuesen especialistas en compra de plantas de oxígeno. Insistió que pueden haberse cometido errores administrativos, pero no delitos dolosos.