Amazonas: perjuicio económico de más de S/ 1,3 millones por irregularidades en entidades públicas

El gerente regional de Control, Frank Venero Torres, informó que la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico al Estado valorizado en más de 1 300 000 soles durante el 2021 debido a irregularidades cometidas por funcionarios y servidores en diversas entidades públicas de la región Amazonas.

Durante la jornada informativa desarrollada con medios de comunicación para dar el balance de gestión del control gubernamental en el 2021, Venero Torres indicó que con los informes de control posterior, bajo la modalidad de Auditoría de Cumplimiento (AC) y Servicios de Control Específico (SCE), se examinaron recursos públicos en las siete provincias de la región y se determinó un perjuicio económico de 1 336 892 soles.

Manifestó que, de acuerdo a cifras del Velocímetro de los Servicios de Control, el año pasado se concluyeron 1.029 informes de control gubernamental, de los cuales 630 corresponden al control simultáneo —con el que se alertó de situaciones adversas a los gestores públicos—, y 399 son de control posterior, que identifican irregularidades y a sus responsables.

“Con la ejecución de servicios de control posterior identificamos numerosos hechos irregulares en las entidades públicas, con la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal de 57 funcionarios y servidores públicos. En total hemos identificado 107 responsabilidades, de las cuales 52 son administrativas, 29 son civil y 26 son de índole penal”, subrayó.

Señaló que los informes de control simultáneo permitieron detectar 1.157 situaciones adversas en diversas entidades públicas y el 46% (526 situaciones adversas) se detectó gracias a la modalidad de control concurrente que ejecuta la Contraloría, con la cual se brinda un acompañamiento a las intervenciones públicas.

Sin embargo, Venero Torres lamentó que en el 68% (789) de situaciones adversas detectadas no se hayan tomado acciones preventivas o correctivas por parte de los gestores públicos, mientras que en el 32% (368) sí se tomaron acciones para resolverlas o están en proceso de concretarse.