Carnet de vacunación: abogados defienden su necesidad sin excepción
El Carnet de vacunación ha generado debate en los últimos días. Especialistas señalan que la Constitución avala la normativa del Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19 y no atenta contra los antivacunas. “Es una regulación necesaria y conveniente”, precisaron.
El pasado 10 de diciembre, el Gobierno oficializó, mediante el Decreto Supremo N° 179-2021-PCM, que todas las personas mayores de 18 años están obligadas a presentar su carnet de vacunación en formato físico o virtual (que acrediten que recibieron las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus) para ingresar a los espacios cerrados como los centros comerciales, bancos, supermercados, aeropuertos, restaurantes y otros lugares públicos.
La medida fue implementada para frenar el aumento de casos por COVID-19 y proteger a la población. Incluso, la exigencia del carnet ha obligado que más de 1,7 millones de personas se vacunen entre el 6 y 12 de diciembre, según el ministro Hernando Cevallos.
Pero, por otro lado, los grupos antivacunas del Perú se han mostrado en contra del carnet de vacunación, pues alegan que es una medida inconstitucional y vulneran sus derechos.
Precisamente, los antivacunas se acercaron a los espacios cerrados y mostraron un ‘certificado de exención’ firmado por la abogada conservadora Beatriz Mejía, una de las principales voceras de los antivacunas en el Perú, para que los dejen ingresar, incluso algunos han agredido verbalmente a los trabajadores si no logran su cometido. También, han adquirido documentos falsos para acreditar una vacunación que nunca ocurrió.
El Minsa ha desmentido la existencia de un ‘certificado exención’ de vacunación y descartó que algún funcionario del sector lo esté proporcionando a quienes aún no se han vacunado. Entonces, la pregunta es: ¿Realmente el carnet de vacunación atenta contra los derechos de los antivacunas?
Raúl Ferrero, abogado constitucionalista, manifestó que los artículos 7°, 9° y 10° de la Constitución avalan la norma oficializada por el Gobierno, por lo tanto, no se están vulnerando los derechos de los antivacunas, pues, el Estado tiene la obligación de velar por la salud pública de todas las personas para que no se siga propagando más el virus de la COVID-19.
“Si el Gobierno impone estas medidas para que no se extienda más este problema, es necesario y conveniente. Debemos ser rigurosos, nos guste o no con el tema de la salud pública. (El carnet de vacunación) es una regulación necesaria y conveniente. Uno no debe pensar en uno mismo, sino en la repercusión que tiene la actitud propia con relación a los demás. Puede ser incómodo, pero nadie puede estar pensando en su propia comodidad. La seguridad social debe ser respetada”, comentó.
“Si esto es necesario para tratar de revertir esta tendencia a los contagios y poder salir al frente de un mal tan grave para nuestra gente, yo creo que las medidas sí son acertadas e inteligentes y están cumpliendo con su deber”, agregó.
Los artículos 7°, 9° y 10° de la Constitución Política del Perú que avalan el carnet de vacunación.
“El certificado de exención no tiene validez”
Para la abogada Lucía Varillas, Asociada del estudio Dentons, el ‘certificado de exención’, documento con el cual pretenden los antivacunas ingresar a los espacios cerrados, no tiene validez. Explicó que si ellos quisieran cuestionar la norma, sería a través de un recurso de amparo, no a través de la presentación de ese certificado.
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“El decreto supremo es muy directo y no permite excepción. Establece que todas las personas que quieran ingresar a estos espacios cerrados deben contar con el carnet de vacunación y no establece excepción alguna. Ni siquiera en el caso más objetivo de personas que tienen alguna enfermedad o alguna condición física que no les permita ni siquiera vacunarse. Tampoco se coloca esa excepción, por lo tanto, la excepción de objeción de conciencia o algún tema religioso no se ha planteado como una excepción para no presentar el carnet de vacunación. Por lo tanto, el ‘certificado de exención’ no requiere ninguna validez”, manifestó.
En tanto, Ferrero comentó que con el ‘carnet de exención’ están yendo en contra de una política que resulta indispensable para defender al resto de la población. “Si alguien no quiere hacerlo (vacunarse) por razones personales, eso es su propio riesgo, pero está poniendo en riesgo a los demás. El Estado determina las políticas de salud y tenemos que respetarlas. Hay un respaldo constitucional a favor de las políticas que combaten esta enfermedad que puede ser hasta letal”, precisó.
Finalmente, consultada por las medidas legales que podría adoptar el Minsa contra las personas que intenten presentar documentos falsos de vacunación, Varillas manifestó que el Estado está en las facultades de demandarlos.
“Se daría por un tema de falsificación de documentos e incumplimiento de esta norma en particular. No he visto que se haya emitido alguna multa por no presentar su carnet de vacunación en los locales, pero sí se podría sancionar a las personas que no lo tengan”, concluyó.
