Defensoría pide a la PCM precisar exigencia de carné de vacunación contra la COVID-19
El defensor del Pueblo mencionó que la norma que establece las medidas que regirán desde este 10 de diciembre “parece no haber contemplado” a las personas que, por razones médicas, tienen una contraindicación para la vacunación.
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Desde este 10 de diciembre, la población mayor de 18 años deberá presentar su carné de vacunación contra la COVID-19 completo para ingresar a espacios públicos cerrados. Esta medida, y otras dos, estaban previstas para ser implementadas el 15 de diciembre; sin embargo, el Ministerio de Salud recientemente las adelantó cinco días.
A raíz de ello, el titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, solicitó a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, que se precise las mencionadas disposiciones, ya que no se estaría tomando en cuenta a las personas que, por razones médicas, no pueden inocularse, a quienes aún no cumplen los 90 días de haber superado la referida enfermedad, y a quienes tienen problemas con el registro.
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Asimismo, el defensor del Pueblo también señaló que el término “espacios cerrados” no permite distinguir a los tipos de entidades o locales.
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“No permite tener la claridad si comprende tanto a entidades públicas como privadas. Además, no distingue a los locales donde se brindan servicios esenciales, como son los de salud, los locales de ocio y distracción. ( …) Esto evidencia la necesidad de afinar dicha normativa y complementarla con lineamientos para las instituciones públicas que deben brindar atención a personas que aún no se han vacunado”, se lee en el oficio remitido a la PCM.
Además, Gutiérrez también consideró que las restricciones dispuestas para las actividades laborales “presentan un considerable nivel de indefinición”, que podría terminar con decisiones “poco ponderadas” por parte de los empleadores, por lo que exhortó a establecer una regulación expresa de los alcances de esta medida.
“En todos estos supuestos, la falta de claridad normativa puede tener como consecuencia práctica la restricción innecesaria de derechos fundamentales, por lo que se debe revisar, modificar y afinar las disposiciones involucradas, a fin de generar predictibilidad en la población”, agregó.
