Proyectos de titulación en comunidades nativas solo alcanzaron el 20 % de su meta en diez años

La titulación de las comunidades indígenas en el Perú es una de las demandas que históricamente el Estado no ha podido atender. Sin embargo, en la última década, esta tarea pendiente ha logrado conseguir importante financiamiento internacional en el marco de una agenda mundial por la lucha contra el cambio climático.

Durante la presentación del estudio “Análisis del funcionamiento de los fondos climáticos y otras fuentes para el saneamiento físico y legal de las comunidades nativas en el Perú 2011-2020″, César Gamboa, director ejecutivo de la organización de sociedad civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) comentó que el objetivo de esta investigación apunta a recoger lecciones aprendidas y opciones de mejora para que los fondos climáticos y otros, que se destinen con este fin logren resultados más efectivos, evitando procedimientos burocráticos que limiten la satisfacción de los beneficiarios que son las comunidades nativas.

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Suyana Huamani, autora del estudio y consultora de DAR, fue la encargada de presentarlo. A través del citado estudio, se realiza un balance y perspectivas sobre la efectividad del financiamiento climático y otras fuentes financieras para impulsar el proceso de titulación de comunidades nativas en el Perú.

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La citada autora, remarcó que uno de los principales hallazgos es el lento avance de los proyectos de titulación que cuentan con financiamiento internacional: de nueve proyectos que tenían la meta de titular a 719 comunidades en la última década, solo se ha logrado avanzar con un 20%. Es decir, 147 comunidades hasta diciembre del 2020.

A pesar de la poca efectividad en el cumplimiento de las metas, el estudio demuestra que los proyectos han logrado incrementar el número de comunidades tituladas e inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en comparación con la década anterior.

Además, el estudio pudo identificar que uno de los factores que influye en la efectividad de estos fondos es la participación de los Gobiernos Regionales (GORES) en los proyectos. Al respecto, se identificaron tres modalidades de involucramiento: Una en la que se destinan los recursos a los GORES, quienes deciden cómo se administran; la segunda en la que los gobiernos regionales reciben el soporte por parte del proyecto para la ejecución de sus planes de titulación; mientras que la tercera modalidad considera tercerizar el trabajo. De estas modalidades, la menos efectiva ha sido la tercera.

Por su parte, el presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlín Diques, consideró que el estudio refleja la situación real de estos proyectos de titulación. “Si hacemos un análisis completo de lo que ha pasado, podemos indicar que sin la lucha del movimiento indígena, no hubiésemos avanzado en los procesos de formalización de los territorios. Asimismo, sin el apoyo de la cooperación internacional, los pueblos indígenas no estaríamos contando con un área territorial reconocida. La única fuente de vida es la tierra y hay un deber del Estado para cumplir con estas demandas”, agregó.

Diques se refirió al Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa (PTRT3), que contó con más de US$ 80 millones por un préstamo del BID, que solo logró titular seis comunidades en siete años. “En algunas comunidades aún están en procesos de arbitraje. Algunos procesos avanzaron y otros no tanto. Existen muchos intereses de funcionarios coludidos que debemos evitar”, aseveró.

El estudio concluye que si bien existen instituciones consolidadas para el proceso de titulación y una mayor experiencia para ejecutar el financiamiento, se requiere ser más eficiente y mejorar el marco normativo para lograr cerrar la brecha de más de 600 comunidades sin titular.