Agustín Lozano: Poder Judicial programa inicio de juicio oral por pedido de 4 años de cárcel
Exalcalde de Chongoyape y actual presidente de la FPF deberá presentarse en audiencia. Sesión se realizará este 31 de marzo de 2022.
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El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo programó la audiencia de juicio oral contra el exalcalde de Chongoyape y actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.
Proceso
Tras haber cumplido con efectuar el control de acusación en audiencia, el juez Carlos Larios Manay emitió enjuiciamiento contra Agustín Lozano. El inicio de juicio oral se realizará el 31 de marzo del 2022, a las 8.30 a. m., y será de manera presencial, según la resolución n.° 2 del referido juzgado al que accedió La República.
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En ese contexto, el juzgado anticorrupción precisó también que las audiencias de juicio oral son de forma presencial, a excepción de que algunos de los procesados este en riesgo al coronavirus, de acuerdo a la Resolución Administrativa n.° 0913-2021-P-CSJLA/PJ.
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Sobre el particular, el juzgado precisó que Lozano Saavedra deberá asistir de manera obligatoria, pues podría ser declarado reo contumaz y ordenarse su captura.
Por este caso, el Ministerio Público pide una condena de cuatro años de cárcel para Agustín Lozano, luego de señalarse que cuando ejerció el cargo de alcalde de Chongoyape firmó un convenio para alquilar el estadio municipal al club deportivo Juan Aurich, del cual era dirigente, a pesar de que no tenía la aprobación del Consejo Municipal.
Según la versión de la Fiscalía, el alquiler habría servido para que el equipo chiclayano juegue el torneo de la segunda división de la Federación Peruana de Fútbol. El arriendo se habría dado entre el 7 de abril y el 1 de diciembre de 2018, por un monto de 500 soles por fecha de juego.
Además, el Ministerio Público pide que “se le imponga 180 días multa, equivalente a 12.398,80 soles y cuatro años de inhabilitación”. Por su parte, la Procuraduría solicitó 20.000 soles de reparación civil.
