Piura: advierten a autoridades regionales que es urgente garantizar el acceso a la educación
La Defensoría del Pueblo identificó que en la institución educativa San José Obrero, en Morropón, los estudiantes deben desplazarse en busca de señal de internet. Además, solo 34 estudiantes han recibido tabletas.
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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura reiteró al Gobierno Regional y a la Dirección Regional de Educación, con sus unidades de gestión educativa local (UGEL), su deber de garantizar la disponibilidad y el acceso al servicio educativo no presencial para niñas, niños y adolescentes, que en la actualidad realizan clases de manera remota en el contexto de la pandemia por la COVID-19, priorizando las zonas rurales y alejadas de la región.
Durante la visita de supervisión realizada al Caserío San José, ubicado en el kilómetro 41 de la carretera Piura – Chulucanas, provincia de Morropón, la Defensoría constató deficiencias en la señal de internet, lo que perjudica a los alumnos de la institución educativa San José Obrero – 15357, localizada en el mismo caserío, quienes deben desplazarse hacia otras zonas en busca de señal para poder recibir sus clases. Además, se identificó que de los más de 80 estudiantes, solo 34 han recibido tabletas por parte del Estado.
Asimismo, en reunión con la directora del colegio, se tomó conocimiento que la institución educativa tiene problemas de infraestructura, ya que no cuenta con cerco perimétrico ni con adecuados servicios higiénicos para el nivel inicial. Además, dos aulas necesitan mejorar su infraestructura, pues no cuentan con columnas.
Ausencia de servicios básicos
Por otro lado, se pudo conocer que el caserío tampoco cuenta con electricidad, los habitantes del lugar solo se abastecen con paneles solares, que les permite utilizar hasta tres focos por cuatro horas al día.
En esa línea, se supo también que existe un proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica por un valor de 2 159 252 a cargo de la Municipalidad Provincial de Morropón, ente encargado de dirigir la formulación y evaluación del proyecto, así como del Ministerio de Energía y Minas, quien llevará a cabo la ejecución.
La oficina de la Defensoría también constató las deficiencias en el abastecimiento de agua potable, pues la localidad contaría con un pozo que provee agua no apta para el consumo humano, de acuerdo a lo informado por el teniente gobernador del caserío San José.
“Urge superar la no atención de los servicios básicos de agua, energía eléctrica e internet en la zona, pues se viene afectando los derechos a la salud, la educación, al agua potable, al desarrollo y a una vida digna”, sostuvo el representante de la Defensoría del Pueblo, César Orrego.
