Hospital Militar Central recupera espacio y ahora será utilizado para atender a pacientes
El Poder Judicial autorizó el desalojo de la compañía Radioconterapia, que ocupada las instalaciones desde el 2007. El espacio ahora será utilizado para atender a pacientes en el marco de la pandemia.
La República en GoogleEl Hospital Militar Central del Ejército del Perú recuperó un espacio de 300 m² que estaba siendo ocupado de manera precaria por la empresa Radioconterapia SAC. Tras esto, el nosocomio, que está ubicado en Jesús María, anunció que utilizará las nuevas instalaciones para atender a pacientes en el contexto de pandemia.
Este martes 21 de setiembre, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del municipio se acercaron al inmueble para iniciar el desalojo que fue autorizado por el Poder Judicial luego de varios años de disputa.
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“En el Ejército y específicamente en el Hospital Militar Central respetamos las disposiciones del Poder Judicial. En ese sentido, se ha recuperado este espacio perteneciente al hospital luego de innumerables cartas notariales, intentos de conciliación y un largo litigio”, dijo el general de brigada EP Herbert Dávila Ramírez, director del centro de salud, a Andina.
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La autoridad confirmó que esta área, ocupada por la empresa desde el 2007, será utilizada a favor de los pacientes en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus.
“Esta área lleva improductiva mucho tiempo y, en el contexto de la pandemia, necesitamos darle urgentemente el mejor uso posible en beneficio de los pacientes y orientarla a la prestación de servicios médicos. De esa manera, fortaleceremos la labor del hospital como institución dedicada a la salud”, agregó el general Dávila.
Nosocomio denunció a empresa en el año 2016. Foto: Andina
Largo proceso judicial
El espacio fue alquilado a la compañía Radioconterapia SAC en el 2007 con el objetivo de que implemente el servicio de radioterapia. El contrato era por seis años; sin embargo, el tiempo se cumplió y la empresa nunca hizo lo prometido.
Ante esto, en el 2016, la Procuraduría Pública del Ejército interpuso una demanda judicial contra la compañía mencionada. Luego de cuatro años, en el 2020, el Poder Judicial declaró fundada la acusación. Finalmente, el 3 de agosto de este año, el juzgado ordenó proceder con la intervención.
