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Canciller Béjar se comprometió a impulsar el Acuerdo de Escazú

Ministro Héctor Béjar sostuvo que protegerá a defensores ambientales. Por otro lado, expresó que adoptará medidas a favor de la igualdad de género y de la comunidad LGTBI.

El Acuerdo de Escazú es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales. Foto: difusión
El Acuerdo de Escazú es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales. Foto: difusión
Sociedad LR

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, sostuvo que impulsará el Acuerdo de Escazú, uno de los tratados más importantes en materia ambiental de América Latina. Así lo dio a conocer durante la ceremonia de la transferencia de cargos.

“(Nos comprometemos a) promover medidas urgentes contra el cambio climático. (....) Impulsaremos el Acuerdo de Escazú”, explicó Béjar, a fin de defender a los defensores ambientales.

Asimismo, se comprometió a apoyar a las personas más vulnerables del Perú, así como buscar una diplomacia inclusiva y descentralizada. Además, adoptará medidas para la igualdad de género.

“Impulsaremos en la agenda regional la justicia de género, trabajaremos por la paridad de género, en coordinación con la Defensoría de la Mujer y el Ministerio de la Mujer. Suscribimos la agenda del Cairo, sobre derechos sexuales y reproductivos. Apoyamos los 29 principios de Yogkarta sobre la aplicación de la normativa internacional de derechos humanos sobre la orientación sexual e identidad de género, para dar protección a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Integraremos los derechos humanos de las trabajadores sexuales, según ONU mujer”, acotó.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, en lo que es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales, que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular.

La propuesta, impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Cuenta con el respaldo de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos).