Sociedad

PJ decidirá sobre segunda prisión preventiva contra Juan Carlos Morillo

El suspendido gobernador regional ancashino afronta una segunda prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada en la construcción del área COVID-19 del hospital Víctor Ramos Guardia.

Se confirmó la resolución n. 07, del 10 de diciembre de 2020, que declaró fundado el requerimiento fiscal. Foto: Andina
Se confirmó la resolución n. 07, del 10 de diciembre de 2020, que declaró fundado el requerimiento fiscal. Foto: Andina

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash dejó al voto el recurso presentado por el suspendido gobernador regional ancashino Juan Carlos Morillo Ulloa contra la segunda prisión preventiva de 10 meses por el presunto delito de colusión agravada en la construcción e implementación del área COVID-19 del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.

El titular de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios, Jorge Luis Temple Temple, fue el encargado de sustentar las acusaciones del Ministerio Público. La defensa del funcionario señaló que actuaron en el marco de la emergencia sanitaria.

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La Segunda Sala de Apelaciones notificará a las partes la decisión que tome.

El caso

El 11 de mayo, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash dictó la segunda prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional de Áncash Juan Carlos Morillo como parte de las investigaciones por las presuntas irregularidades.

El caso está cargo del titular de la Octava Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, el fiscal Robert Rojas Ascón.

Según el pedido fiscal, la primera irregularidad fue detectada en la compra de ambulancias valorizadas en cuatro millones de soles. Estas se hicieron a través de forma directa con la finalidad de que sea una entrega inmediata. Sin embargo, se demoraron más de tres meses en ponerlas a disposición de la población, por lo que se presume que hubo un interés de los funcionarios en adquirirlas.

También se han encontrado indicios de corrupción en la construcción de los ambientes, ya que la empresa contratista habría elaborado el expediente técnico del denominado “componente infraestructura” pese a que esta es tarea y responsabilidad de los trabajadores del Gobierno Regional de Áncash.

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