Fiscalía abre investigación por casos de jeringas vacías en vacunación
En la primera etapa del proceso se involucrará a los miembros de los equipos de vacunación sorprendidos aplicando las jeringas vacías. Delito cometido sería peculado que se castiga hasta con 15 años de cárcel.
- Sorteo de La Tinka HOY domingo 8 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario
- Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este lunes 9 de febrero
Dos despachos fiscales iniciaron un proceso de investigación ante las denuncias ciudadanas sobre el presunto uso de jeringas vacías en la vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores.
A través de una nota de prensa, el Ministerio Público detalló que hasta el momento han recogido dos casos, uno en el centro de vacunación ubicado en el Campo de Marte, en Jesús María; y el segundo en el vacunatorio del Estadio Monumental, en Ate.
TE RECOMENDAMOS
AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Tras conocer las denuncias, el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof), el fiscal superior Omar Tello Rosales, derivó los casos a los despachos anticorrupción de Lima Centro y Lima Este, respectivamente.
El primer caso está a cargo del fiscal Carlos Alberto Nivin Valdivieso, y el segundo es responsabilidad de la fiscal Angélica Osorio Fernández. Cada despacho se comunicará con las autoridades encargadas del proceso de inmunización para identificar a las personas involucradas.
En una primera etapa de las indagaciones se involucrará a los miembros de los equipos de vacunación que fueron sorprendidos aplicando las jeringas vacías. Sin embargo, el fiscal superior no descartó que se incluya a otros investigados.
Peculado
Tello Rosales explicó que si se comprueba que hubo intencionalidad en no colocar las dosis de la vacuna en las jeringas y usarlas para otros fines se configuraría el delito de peculado.
Indicó que, de acuerdo a la última modificación publicada el 28 de abril de este año, este ilícito puede llegar a castigarse con cárcel efectiva que va entre los 8 a 15 años. Además, la pena se agrava cuando se comete en un contexto de emergencia sanitaria, tal como ocurre ahora.
El fiscal superior recordó que recibir la vacuna contra la COVID-19 es un derecho de toda la ciudadanía, por lo que pidió estar atentos siempre al proceso de inmunización.
