Aniego en SJL: hallan presunta responsabilidad penal en la AATE y Sedapal
Informe de la Contraloría señaló que habrían existido irregularidades en la gestión de trabajos de reubicación de las redes primarias de alcantarillado en el distrito.
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A casi dos años del gran aniego de aguas residuales que se generó en San Juan de Lurigancho, en perjuicio de miles de personas, la Contraloría publicó un informe en el que indica haber detectado responsabilidad penal en siete funcionarios de Sedapal y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE).
De acuerdo al documento, el Ministerio de Vivienda señala que el aniego fue producto del colapso de una tubería instalada por la empresa Odebrecht entre los años 2011 y 2013, cerca a la estación Pirámide del Sol.
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Tras hacer la auditoría, la Contraloría afirma que hubo irregularidades en la gestión de los trabajos de reubicación de las redes primarias de alcantarillado en el distrito, en el sector del tramo 2 de la Línea1 del Metro de Lima.
Se afirma que funcionarios de la AATE permitieron al consorcio encargado del proyecto la contratación directa de una tercera empresa sin contar con marco legal, y cuya propuesta económica fue aprobada de forma extemporánea e indebida para que estos trabajos se ejecuten.
Asimismo, manifiestan que los funcionarios dispusieron el pago de más de 71 millones de soles sin exigir el sustento técnico ni administrativo que se requiere.
Además, no habrían gestionado la contratación de un supervisor, por lo que hubo ausencia total de controles técnicos que son indispensables en este tipo de obras.
Estas aparentes irregularidades han causado a la fecha un perjuicio económico contra el Estado por $ 2.677.368 y S/ 16.827.563 soles. No obstante, el órgano de control estima que dichos montos podrían aumentar, debido a que los trabajos para la reposición integral de las tuberías de alcantarillado reubicadas en la zona donde ocurrió el aniego, aún se encuentran en ejecución.
El informe ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para que inicien las acciones penales contra los funcionarios presuntamente implicados.
