Mujeres que sufren maltrato en Puno necesitan casas refugio

En el altiplano puneño no hay centros de refugio para mujeres víctimas de violencia. Esta realidad salió a flote por el caso de Emilia Mamani Coaquira, una mujer denunciada por violencia familiar y enmarrocada tres días en la comisaría sectorial de Juliaca.

La mujer fue detenida tres días por agresiones mutuas con el padre. Pese a que tenía la necesidad de dar lactar a su menor hija, fue esposada a una silla metálica dentro del puesto policial ubicado en el terminal terrestre de la ciudad de calcetera. Se apeló a esta forma inequívoca de revictimización para que no fugue. El caso dio la vuelta al mundo.

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El abogado Néstor Torres, especialista en derechos humanos, consideró que en el caso de Mamani hubo desproporción y falta de criterio. Cree que por su condición de mujer se le debió facilitar un ambiente policial acorde a su condición de víctima y madre de familia. La otra posibilidad era enviarla a casa refugio, el cual aún no existe. Torres, recordó que su planeamiento está señalado en la ley Nº 30364, el cual sanciona y erradica la violencia contra las mujeres.

El jefe del Frente Policial de Puno, general PNP, Marco Lara Vergara, informó que los establecimientos policiales en el altiplano no cuentan con ambientes adecuados para recepcionar a personas vulnerables y tratarlas bien. Hay un factor de infraestructura. El lugar donde fue detenida Emilia Mamani, es un stand de 30 m2 sin ningún tipo de acondicionamiento para recepcionar víctimas. El máximo jefe policial lamentó lo sucedido con Emilia Mamani.

La carencia de infraestructura policial para víctimas de violencia familiar fue detectado por el movimiento Manuela Ramos. Su coordinadora en Puno, Maritza Mendoza, aseguró los puestos policiales no tienen “espacios de confindencialidad” donde las mujeres no se sientan intimidadas por extraños al momento de contar lo que les pasa cuando acuden asentar una denuncia. Mendoza, precisó que no había derecho de enmarrocar a Mamani.

Según ley en mención, los gobiernos regionales y municipales deben gestionar los hogares refugio. Ante la falta de estos establecimientos, en medio de la pandemia, decenas de mujeres fueron acogidas en los establecimientos de la beneficencia que dependen de los municipios.

Yuri Mamani Hancco, coordinación regional del Programa Nacional-Aurora, del Ministerio de la Mujer, confirmó que el municipio de Puno, mostró su predisposición y en un tiempo no lejano debe destinar un terreno donde se debe construir la casa regional refugio para las mujeres víctimas de violencia.

El gerente general del municipio de Puno, Fredy Vilcapaza, indicó que la actual administración espera concretar el proyecto antes que acabe su mandado.

Yuri Mamani, precisó que a falta de estos espacios, las víctimas, en su mayoría, se refugiaron en su entorno familiar más cercano.

Juliaca, es la ciudad donde más mujeres requieren de estos centros. A diario las comisarías registran alrededor de 50 denuncias por violencia hacia la mujer. Quienes necesitan de un espacio para aislarse de su agresor no tiene donde ir.

No hay celdas diferenciadas

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, dijo que otro aspecto que vulnera el derecho de las mujeres, es que en las comisarías de la región Puno no hay celdas diferenciadas para ambos sexos. Esto salió a luz luego de una supervisión realizada a 11 comisarías, entre el 9 al 13 de noviembre. Ningún establecimiento cuenta con espacios que garanticen los derechos fundamentales de las personas. “Estos es preocupante. No se les está respetando sus derechos”, dijo. El sociólogo Carlos Flores, cree que el Estado debe dar ejemplo en cumplir las normas que emite.