Madre de Dios: “No conocemos al ‘Chili’ ni integramos ninguna banda criminal”

Alguien tuvo que haber calumniado al ingeniero forestal Javier Francisco Valles Pacaya, pues fue detenido el 16 de octubre sin haber hecho nada malo. Esa mañana, uno de los concesionarios de conservación de aguaje lo llamó al celular para informarle que mineros ilegales se encontraban en el lugar. "¿Qué hacemos?", le preguntó su socio. En estos momentos salimos para allá, le respondió Valles. Poco después, él y otros doce hombres armados fueron rodeados en segundos.

"Quieto, no se muevan o disparamos", les dijeron. Eran militares y policías, recordaría después. Los cañones de sus armas eran inconfundibles. Empujaron a Javier Valles junto al resto y los esposaron. "Somos de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y esta es una operación conjunta con la Policía Nacional del Perú", les dijeron.

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Todo ocurrió en la comunidad San Bernardo, en el sector Aguas Negras, a la altura del kilómetro 29 de la Interoceánica, en Madre de Dios.

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Los acusaron de estar vinculados a 'Los Guardianes de la Pampa' o 'Los Guardianes de la Trocha', de la facción de 'Chili', uno de los hombres más buscados en esa región.

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Ese mismo día, el Poder Judicial dio trámite a una demanda constitucional de hábeas corpus presentada a favor de Javier Valles Pacaya, José Manuel Chique Huaychay, José Luis Becerra Balladares y Víctor Chique Mamani, tras denunciar presuntas restricciones a sus derechos durante una intervención policial.

Según la Resolución N.° 01, emitida por el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, los abogados denunciaron presuntas limitaciones al derecho de defensa técnica, impedimentos para entrevistarse en privado con sus patrocinados y la negativa a exhibir las actas de intervención, registro personal e incautación.

LIBERADOS 48 HORAS DESPUÉS

Sin embargo, contrario a la solicitud habitual de prisión preventiva en casos de crimen organizado, la Fiscalía determinó liberar a los 13 detenidos el domingo 18 de octubre de 2026, apenas 48 horas después del operativo.

Los elementos de descargo fueron: vínculo laboral sustentado, licencias de armas y documentación, así como inexistencia de flagrancia o resistencia.

Un día después, el lunes 19 de octubre del 2026 Javier Valles convocó a una conferencia de prensa y manifestó: "Hemos sido víctimas de un gran y grave daño moral, así como de abuso de autoridad. Nada tenemos que ver y no conocemos al tal ‘Chili’, no somos parte de ninguna banda criminal. Yo soy de Madre de Dios, nacido en esta tierra, soy nacido en la comunidad nativa San Jacinto y toda mi vida me he dedicado a trabajar honradamente", manifestó el ingeniero forestal.

Casos de personas inocentes que son detenidas y vinculadas erróneamente a bandas criminales han ganado una notable visibilidad en el contexto del estado de emergencia y del alto índice de criminalidad.

Debido a la intensificación de las operaciones militares y policiales contra redes mafiosas, se han reportado varios casos en los que ciudadanos comunes terminan atrapados en el sistema judicial por errores de identificación u operativos apresurados.

Tal como ocurrió con Valles y sus socios cuya concesión contrató a un grupo de seguridad particular que contaba con licencias y documentos que acreditaban ser propietarios de las armas de uso personal civil y no militar. Ellos fueron contratados para proteger a los dueños y brindarles seguridad ante los mineros ilegales que amenazaban tomar posesión de los terrenos.

Durante la intervención helitransportada militar-policial, se incautaron 2 fusiles R15, 5 pistolas, 319 municiones, 5 camionetas, 8 celulares, equipos de comunicación y S/7.553 en efectivo, entre otros bienes.

Los detenidos fueron: Víctor Chique Mamani, Jhonatan Condori Aime, Nelson Collanqui Vellota, Edwin Enancio Huaraya Grey, Escolástico Manrique Trucios, Edwin Niltons Chero Llontop, Luis Enrique Tarazona Mitma, Gabriel Dennis Cameli Vichman, José Luis Becerra Balladares, Rafael Tenazoa Pérez, Anthony Jesús Comitivos Vásquez, José Manuel Chique Huaychay y Javier Francisco Valles Pacaya.

"TODOS SON INOCENTES"

Mauro Betancourt, abogado de algunos de ellos, afirmó que fueron contratados por la familia Quispe Mamani, titular de una concesión de conservación, para brindar seguridad ante el ingreso de mineros ilegales y delimitar los terrenos. "Todos son inocentes", afirmó.

Según confirmó, contaban con licencias para portar armas y llevaban GPS, planos y contratos al momento de la intervención. Betancourt negó que sus defendidos hayan huido o disparado contra las fuerzas del orden y denunció daños en dos camionetas.

El abogado cuestionó que los intervenidos fueran presentados públicamente como integrantes de una organización criminal y sostuvo que no existen pruebas suficientes para sustentar esa acusación.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general PNP Michael Raúl Flores Álamo, se pronunció sobre lo ocurrido en Aguas Verdes y sostuvo que "la policía cumplió con su trabajo al detener a las 13 personas".

Respecto a su liberación, indicó que "sostendrá una reunión con el Ministerio Público para evitar que este tipo de situaciones se repitan más adelante en la lucha contra la minería ilegal".

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La Fiscalía ha planteado que los investigados afronten el proceso bajo comparecencia con restricciones, medida que permite continuar las investigaciones en libertad, sujeta al cumplimiento de las reglas de conducta que determine el órgano judicial.

La liberación no equivale a una declaración de inocencia ni al archivo definitivo del caso. Las responsabilidades deberán establecerse conforme avance la investigación y se evalúen los elementos probatorios, señaló un oficial de la región policial de Madre de Dios.

FALLAS ESTRUCTURALES

En tanto, las organizaciones de derechos humanos en el país señalan que la presión por mostrar resultados en la lucha contra la criminalidad ha derivado en fallas estructurales como:

Presunción de culpabilidad en flagrancia: personas que coinciden en el espacio y tiempo donde se comete un delito o se realiza un allanamiento son detenidas masivamente bajo cargos de asociación ilícita u organización criminal antes de verificar sus antecedentes o actividades individuales.

Falta de investigación técnica previa: En ocasiones, la urgencia de los operativos limita el rastreo digital o la validación de identidades, deteniendo a personas que simplemente comparten nombres similares con criminales listados como objetivos de alto valor.

Para las familias de los afectados, demostrar la inocencia bajo el marco legal vigente suele requerir pruebas científicas y técnicas contundentes como historiales de geolocalización de los teléfonos celulares que demuestran de forma irrefutable que el ciudadano no estuvo en los perímetros donde operaba la banda criminal o presentar certificados de plataformas digitales, facturas de servicios y testimonios vecinales que justifiquen la presencia de la persona en el lugar de los hechos.