Juez de Puno ordena paralizar proyecto Vilavilani de Tacna
Proceso. Magistrado Guido Chevarría, concluyó que contrato de obras se firmó sin la aprobación de pobladores de la zona.
- Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos
- Senamhi alerta incremento de temperaturas y prevé hasta 30 °C a fin de mes en Lima Metropolitana
El juez del Tercer Juzgado Civil de Puno, Guido Chavarría Tisnado, dictó medida cautelar a favor del Gobierno Regional de Puno, y ordenó la paralización de la ejecución de contrato del proyecto Vilavilani.
Según el magistrado, el contrato suscrito entre el Proyecto Especial Tacna, del Gobierno Regional de Tacna, con el Consorcio Agua Manantial, se habría materializado sin armonizar los intereses de protección de los ciudadanos de la Zona Altoandina de las provincias del Collao – Ilave y Chucuito – Juli, región Puno. Guido Chevarría, llegó a esta conclusión porque el contrato de ejecución de obra, se efectuó sin contar con la aprobación de las poblaciones afectadas de la zona alto andina, tanto de la Región de Puno como de la Región de Tacna.
TE RECOMENDAMOS
EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
La resolución precisa además que el acuerdo entre las partes está basado en documentos técnicos que no se ajustan a la realidad. Se resalta además que no existe procedimiento previo de consulta previa ni sensibilización de las poblaciones afectadas con la obra a ejecutar. El juez observó la suscripción del contrato el 24 de diciembre de 2019.
El proyecto supone trasvasar aguas de las zonas altoandinas de Tacna con fines agrícolas y consumo humano. Pero los comuneros creen que el agua será destinada a la minería.
Para el transportar el líquido, primero se tenía previsto construir el canal de Vilachaullani. Los trabajos quedaron paralizados porque el campamento de la empresa contratista fue quemado por los pobladores aimaras de las zonas altas de El Collao-Ilave.
La medida cautelar fue impulsada por la procuraduría del Gobierno Regional de Puno, porque vulneraría el derecho de las comunidades de tener un ambiente sano y la conservación de la diversidad biológica con sus respectivas áreas naturales protegidas.
El procurador regional Santiago Molina, aseguró que la medida está acorde a la pretensión y dijo que sí o sí el proyecto tiene que paralizarse.
“Nosotros estamos en derecho y la medida advierten una serie de vulneraciones a derecho que tenían las comunidades”, dijo.
