Defensores indígenas exigen llamada de atención internacional a Gobiernos de la Cuenca Amazónica

El lunes 28 de septiembre se llevó a cabo la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sociedad civil en el marco de su 177 periodo de sesiones. En este espacio se hizo presente la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización indígena de carácter internacional que representa a los pueblos indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica, cuya participación se dio a través de su Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD).

Michael McGarrell, de la nación Patamuna de Guyana y actual coordinador de Derechos Humanos y punto focal político del PDDD de COICA, indicó que “es nuestro territorio el que nos garantiza nuestra cultura, formas de organización tradicionales, espiritualidad, salud, recreación, conocimiento, integridad y vida misma. En tal sentido, defender el territorio para nosotros es defender la vida. Esta defensa nos expone a una situación de alta vulnerabilidad, donde aún en situación de emergencia sanitaria se han registrado muertes a causa de violencia y conflictos”.

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Así también, desde Perú, Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), sostuvo que “desde abril hasta el 11 de septiembre último hemos sido testigos del asesinato de 5 defensores de derechos humanos en nuestro país, de los cuales 4 son indígenas, nos referimos a los hermanos defensores Arbildo Meléndez de Huánuco, Benjamín Ríos de Ucayali, Gonzalo Pío Flores de Junín y Lorenzo Wampagkit de Amazonas. Esto sin tomar en cuenta las amenazas a las comunidades por presuntos agentes ilegales”.

Frente a ello indicó que urgen medidas coordinadas de manera multisectorial y que el Estado debe priorizar la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú en tiempo oportuno. Pues la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso viene sometiendo a debate la ratificación de este acuerdo por más de un mes sin tomar una decisión concreta y mientras se alarga esta decisión, no hay acceso a justicia para los hermanos indígenas asesinados.

Desde la sociedad civil y como parte del acompañamiento a la iniciativa institucional del programa de Defensores y Defensoras Indígenas, Jackeline Borjas, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), indicó que estas cifras de asesinatos evidencian la ausencia histórica de los Estados, pues han pasado aproximadamente 6 meses desde que se tiene conocimiento de la pandemia y aún persiste la inacción estatal que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada, así como una falta de priorización de medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas. Por lo que, además, la demora en la ratificación del Acuerdo de Escazú muestra también el poco interés de los Estados por proteger los derechos de estos defensores.

Del mismo modo, y frente al grave riesgo y contagio de los PIACI en Perú, este espacio sirvió para que AIDESEP y DAR pongan en mesa la importancia del dictamen recaído en el Proyecto de ley N° 4044/2018-CR como un avance positivo que garantiza la intangibilidad efectiva de los territorios PIACI y medidas para ellos frente al COVID-19. Por lo que solicitaron que haya pronunciamiento para que se priorice su debate en agenda, pues significaría un antecedente positivo e histórico para la región.