Señalan que el sistema judicial ha hecho muy poco por los desaparecidos durante la violencia política
En conferencia sobre ‘El problema de los desaparecidos frente a la justicia en el Perú’, se cuestionó que el país tenga cerca de 20 mil personas desaparecidas, y después de dos décadas de haber terminado el conflicto armado se haya hecho tan poco por aclarar lo que ocurrió.
El abogado Carlos Rivera mencionó que los mayores obstáculos que enfrentan los familiares de las víctimas para alcanzar justicia tienen que ver con la cantidad de investigaciones, la obtención de evidencias y también el paso del tiempo.
Recordó que el año 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su informe final consignó cerca de 4.700 personas desaparecidas, con nombres y apellidos. Al año siguiente, la Defensoría del Pueblo publicó un informe con más de 4.000 casos denunciados en el Ministerio Público. Sin embargo, 16 años después este universo se ha multiplicado por cinco.
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Rivera precisó que durante estos años, las denuncias de los familiares han evitado que la desaparición forzada termine siendo un crimen perfecto. Esta intervención procuró la recolección de evidencias fundamentales, como documentos y testimonios, que han hecho que sus casos avancen en el sistema de justicia.
“Este año, los familiares están cumpliendo tres décadas buscando a las víctimas. Sobre Jaime Ayala y otros, se van hacia las cuatro décadas. En realidad, hay algo particularmente grave y complejo que está ocurriendo en el Perú”, anotó.
Luego hizo referencia al caso Universidad Nacional del Centro donde, desde finales de la década de los años 80 hasta mediados de los 90, estudiantes y trabajadores fueron objeto de métodos contrasubversivos.
Relató que las denuncias hechas en su momento ante el Ministerio Público se archivaron. Después, tras el informe de la CVR, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó denuncia penal sobre 72 casos, que dio lugar a que en el año 2010 el Primer Juzgado Penal de Huancayo abra proceso contra seis jefes militares por homicidio calificado y secuestro. Pero, no se avanzó.
“Resultó una investigación compleja. Recién en el año 2018 la Fiscalía Penal Nacional formula acusación. En mayo del presente año debió haber audiencia para control de acusación, pero la pandemia jugó en contra”, lamentó Rivera.
Por su parte, el fiscal superior Daniel Jara anotó que el Expediente 123-2010 Universidad Nacional del Centro ha sido uno de los pocos casos que la Fiscalía armó y planteó.
“Se trata de un periodo de cinco años, desde 1989 a 1994, 67 agraviados y 314 elementos de convicción que permiten unificar casos y armar un caso patrón, porque la estrategia contrasubversiva es la misma en cuanto a afectación de derechos humanos. Hay 67 casos en un solo proceso, esto permite mejores resultados”, sostuvo.
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Jara indicó que también enfrentan dificultades como el fallecimiento de testigos y familiares. Dijo que esta situación los está llevando a apurar los casos en curso y a acelerar el lanzamiento de acusación.
Por parte de los familiares intervino Bertha Rojas, esposa de Jaime Cerrón, quien fuera vicerrector de la Universidad Nacional del Centro, detenido por una patrulla militar en junio de 1990 y luego desaparecido. Once días después encontraron su cadáver en un paraje de Jauja.
Rojas manifestó que muchas desapariciones de estudiantes no fueron denunciadas porque los padres vivían en comunidades alejadas de Huancayo, eran quechuahablantes, no sabían qué hacer y guardaron silencio.
Pidió al fiscal superior Daniel Jara que encuentre un camino para hallar la verdad. Agregó que la reparación económica no basta y necesitan una reparación espiritual que les devuelva el honor y la dignidad.
“Los familiares hemos sido perseguidos y amenazados de muerte, tuvimos que salir de nuestros pueblos, hubo un éxodo. Muchos padres fueron asesinados por buscar la verdad”, narró Bertha Rojas.
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