Estas son las razones por las cuales Sunedu denegó el licenciamiento a la UNPRG

El último miércoles 19, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hizo oficial la denegatoria del licenciamiento institucional a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, debido a que no cumplió con las condiciones básicas de calidad.

Según la resolución N.° 038-2020, la UNPRG no cumplió con 25 de los 44 indicadores de calidad establecidos para obtener el licenciamiento, por lo que deberá iniciar un cronograma para el cese de sus actividades. No obstante, en paralelo una comisión técnica del Ministerio de Educación (Minedu) se encargará de elaborar y monitorear la ejecución de un plan de emergencia, a fin de que la universidad pueda volver a presentarse a un nuevo proceso de licenciamiento.

Sin embargo, ¿cuáles fueron las principales razones por las cuales Sunedu le denegó el licenciamiento? De acuerdo al informe técnico elaborado por dicha entidad son las siguientes:

• El 47% de sus programas académicos de nivel de posgrado no cumple con la Ley Universitaria y su normativa.
• La universidad carece de información consistente sobre la cantidad de postulantes e ingresantes en los procesos de admisión realizados en los últimos dos años, a nivel de posgrado y segunda especialidad, lo que impacta en la capacidad de planificación del servicio.
• La universidad implementó una modalidad de ingreso a nivel de pregrado (examen complementario), que contradice su propio Estatuto y la Ley Universitaria.
• La casa de estudios no cuenta con instrumentos de gestión de calidad universitaria que permita garantizar mejoras en la formación académica de la comunidad universitaria.

• Las instalaciones universitarias no cuentan con estándares mínimos de seguridad, incumpliendo con su normativa interna vinculada a la seguridad y salud en el trabajo. Además, con ello pone en riesgo la integridad y salud de la comunidad universitaria.
• La universidad no garantiza la continuidad del servicio de agua en sus instalaciones durante todo el horario académico, debido a que carece de alternativas técnicas para ello, lo que afecta la calidad del servicio educativo.
• La gestión que realiza la universidad para la planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto de mantenimiento no brinda garantías para la preservación y cuidado de su infraestructura, equipamiento y mobiliario.
• La universidad no implementó el 27% de los Comités de Ética de sus facultades; además de incumplir su propia normativa en lo que respecta a la designación de los docentes investigadores y no instauró todos sus órganos de gestión de la propiedad intelectual.

• La universidad no garantiza contar con mecanismos que promuevan la mejora de la calidad del desempeño docente. Tampoco demostró haber evaluado el desempeño de todos sus docentes durante los últimos cuatro semestres.
• No garantiza contar con equipamiento y realizar actividades para la prestación de servicios culturales, ni la gestión e implementación de las actividades orientadas a la protección del medio ambiente.
• No existe una estructura y funciones específicas de la Oficina de Seguimiento al Graduado y su rol respecto a las unidades de seguimiento al egresado de las facultades. De este modo, no se garantiza una adecuada gestión de graduados a nivel institucional ni coordinaciones institucionalizadas con las facultades.
• Los mecanismos que implementa la universidad para promover la inserción laboral y apoyar la empleabilidad de los graduados no evidencian una implementación efectiva.
• La bolsa de trabajo no presenta ofertas laborales vigentes y las que tenían solo estaban destinadas a egresados de 2 de sus 151 programas académicos. Asimismo, los convenios para la inserción laboral no fueron ejecutados durante el 2019-II, excepto 1, que solo tuvo como beneficiarios a dos facultades.

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