Trabajadores se enfrentaron a fiscalizadores por cierre de la empresa de transporte Ronco Perú
La empresa tenía más de 40 infracciones desde el año 2008; sin embargo, según los trabajadores, ellos tenían todos los papeles en regla. Hasta con palos y patadas, ambos grupos se enfrentaron por la clausura del local.
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Con información de Joel Robles (URPI-GLR)
Entre patadas, empujones y hasta agresiones verbales, los trabajadores de la empresa Ronco Perú se enfrentaron a los fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria por evitar la clausura del terminal terrestre. Según la entidad municipal, ellos habrían estado laborando cuando aún no lo tenían permitido.
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Ambos bandos iniciaron las agresiones, puesto que en los videos captados por La República se visualiza la entrada de los fiscalizadores a la fuerza para el cierre definitivo del establecimiento. Los directivos de la empresa mencionaron que el ingreso fue abrupto, e incluso, hubo empujones.
Sin embargo, los empleados de la empresa de transportes también empezaron a patear al personal de Serenazgo. Incluso, la municipalidad denunció que tuvieron que entrar rápidamente porque una fiscalizadora era agredida dentro del terminal.
Las autoridades de la municipalidad detallaron el motivo de cierre del local que venía desacatando alguna normas. “Por incumplir con la presentación de un cronograma para subsanar las observaciones en materia de seguridad, carecer de licencias de construcción y demolición, y por realizar eventos sin autorización municipal son algunas de las infracciones”, señaló Miguel Moscoso, subgerente municipal, en La República.
Créditos: Joel Robles.
Por su parte, indicó que no solo es el cumplimiento con el monto de 2.200 soles a la entidad municipal, ya que deben seguir un cronograma para la subsanación de las infracciones encontradas.
“Si estoy con la Inspección Técnica de Seguridad vencido no puedo operar. Con el pago no se subsanan las observaciones, se le dio un plazo, pero este trámite no lo han hecho correctamente. Por ello, nos hemos visto en la obligación de clausurarlo por temas de seguridad al descubrir que continuaban operando, eso es desacato”, añadió.
El municipio expresó que en total cuentan con 40 infracciones acumuladas; sin embargo, el directivo de la empresa culpó a la entidad municipal por no llevar correctamente el proceso para la subsanación de las observaciones.
“Realizamos el pago que nos dijeron, pero ellos nunca vinieron a inspeccionar o decirnos qué debíamos hacer. Llegó la pandemia y desaparecieron, hasta el levantamiento de las restricciones que volvieron a aparecer para multarnos y ahora días después clausurarnos. Es un abuso”, dijo Lizardo.
Los fiscalizadores de la municipalidad decidieron quedarse en los exteriores del terminal terreste para evitar que reabran sin contar con las medidas necesarias y cumplir con subsanar las infracciones.
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