Las lomas, un ecosistema en peligro por proyectos de ley que intentan formalizar terrenos ocupados ilegalmente

La Red de Lomas del Perú, organización que defiende las lomas costeras ubicadas a lo largo de la costa peruana, mostró su preocupación por los ocho proyectos de ley que pretenden extender el plazo de formalización de las posesiones informales (Ley 28687), lo cual daría carta abierta para que los traficantes de terrenos sigan invadiendo los ecosistemas frágiles como las lomas.

Dichos proyectos de ley han sido presentados por los congresistas Paúl García de Acción Popular (PL 5218-2020), Mártires Lizama de Fuerza Popular (PL 4870-2020), María Martina Gallardo de Podemos Perú (PL 4922-2020), Angélica Palomino del Partido Morado (PL 5010-2020), Héctor Maquera de Unión por el Perú (PL 5262-2020), Eduardo Acate de Alianza para el Progreso (PL 5563-2020) y Betto Barrionuevo de Somos Perú (PL 5687-2020). También se contempla el proyecto de ley 4458-2018.

Todos los proyectos de ley mencionados hacen hincapié en la formalización de las posesiones informales, centros urbanos informales y toda forma de posesión constituida sobre terreno del Estado. Las diferencias son sus alcances, ya que algunos lo plantean a nivel nacional y otros solo para ciertas regiones. Casi todas han sido presentadas en los últimos tres meses, menos una que es del 2018.

Ecosistemas frágiles

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), los ecosistemas frágiles son territorios de alto valor de conservación y son vulnerables a consecuencia de las actividades antrópicas que se desarrollan en ellos o en su entorno, que amenazan y ponen en riesgo los servicios ecosistémicos que brindan.

La Ley General del Ambiente considera ecosistemas frágiles a “los desiertos”, “tierras semiáridas”, “montañas”, “pantanos”, “bofedales”, “bahías”, “islas pequeñas”, “humedales”, “lagunas alto andinas”, “lomas costeras”, “bosques de neblina” y “bosques relictos”; también a las “jalcas” y los “páramos”.

A diferencias de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), los ecosistemas frágiles no tienen una política nacional que garantice su protección contra los traficantes de tierras que constantemente intentan instalarse en estas zonas tan importantes para el desarrollo urbano del país.

Proyectos de ley no tienen candados para proteger ecosistemas frágiles

Ascencio Vasquez, presidente de la Red de Lomas del Perú señaló a La República que dichos proyectos de ley no tienen candados para evitar que los traficantes de terrenos sigan invadiendo los ecosistemas frágiles de la zona costera del Perú.

“La Ley 28687, Ley de desarrollo y formalización de la propiedad informal, que estos proyectos de ley pretenden modificar para extender el plazo de formalización, no contempla la protección de ecosistemas frágiles, solo mencionan a las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Los proyectos de ley tampoco incluyen un candado para evitar que estos ecosistemas sean vulnerados por el tráfico de tierra”, indicó.

El congresista de Fuerza Popular, Mártires Lizana, sostuvo que su proyecto de ley (PL 4870-2020) está en proceso de ser debatido y que todavía pueden añadirse candados con el fin de mejorarlo y no perjudicar a los ecosistemas. Añadió que el fin es dotar de terreno a las personas que lo necesitan y que no hay interés en promover el tráfico de terrenos.

El viceministro del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, en diálogo con La República explicó que no existe una norma que proteja a los ecosistemas frágiles en el territorio nacional. Lo que existe es una propuesta multisectorial, en donde participan el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación, para la aprobación del “Protocolo de actuación interinstitucional para gestionar y proteger los ecosistemas incluidos en la Lista Sectorial de ecosistemas Frágiles”, el cual servirá de recomendación sobre las formas de actuar de las autoridades cuando se vean vulneradas estas áreas. Dicho documento se encuentra en etapa de análisis por las diferentes carteras mencionadas.

Las lomas costeras y los traficantes de tierra

Ascencio Vásquez relató que, por estas fechas, mientras se debaten los proyectos en la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, varias personas están reuniéndose en diversas lomas costeras de Lima y ya han comenzado a poner casetas.

“Ya están empadronando en el ecosistema frágil de Carabayllo y de otras lomas para tomar posesión, incluso ya pusieron casetas”, declaró Vásquez de la Red de Lomas del Perú.

Lo más preocupante es que, el año pasado, el Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Supremo N ° 011-2019-MINAM aprobó la propuesta de la Municipalidad de Lima para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) “Sistema de Lomas de Lima”, que está encargada de proteger y velar para que se evite el tráfico de tierras y las invasiones en las lomas de Lima.

Esta ACR está dirigida a resguardar y conservar las Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1 y 2, Lomas de Amancaes y Lomas de Villa María. Con su aprobación, la comuna limeña debería de encargarse de defender dichas zonas de la ocupación informal y el tráfico de terrenos, así como mejorar la calidad de vida de las poblaciones asentadas en la parte baja de las laderas a través de la generación de actividades económicas sostenibles.

Sin embargo, en un artículo de la Sociedad Peruanana de Derecho, Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, señaló que la creación del ACR fue un paso trascendental para el reconocimiento de estos ecosistemas que promueven un ambiente urbano sostenible. Pese a ello, recordó que aún está pendiente la elaboración del Plan Maestro del área. Dicho instrumento, agregó, será clave para determinar los objetivos y quiénes serán los involucrados. Su elaboración está a cargo de la Municipalidad de Lima.

No obstante, según Ascensio, estos proyectos de ley le están dando el gusto a los traficantes para que ellos se sigan aprovechando de las personas más necesitadas y, en paralelo, seguir afectando los ecosistemas frágiles como las lomas.

“La mayoría de las posesiones informales han sido por medio del tráfico de tierras, actividad económica ilegal, que según los especialistas es la segunda actividad ilegal más importante después del narcotráfico. Ellos trafican con la necesidad de techo de las familias empobrecidas y les prometen que pronto habrá ampliación de la formalización para darles el título de propiedad”, señaló

Propuesta de vivienda social

Ascensio Vásquez pidió a la Comisión de Vivienda del Congreso que, en contraposición de los ocho proyectos de ley, se proponga y debata un proyecto de vivienda social, el cual contemple “la formalización de los terrenos en zonas seguras, con acceso a servicios y en armonía con el ambiente”.

Asimismo, pidió que se respete los territorios de las comunidades campesinas de la costa que, en los últimos años, están siendo afectadas por organizaciones de tráficos de tierras.

“Un ejemplo del accionar de esta organizaciones criminales incluye el asesinato de campesinos como José Jesús Guerrero Becerra, Yrineo Martínez Purihuamán, Felicita Cherre Garrido (2016) y Napoleón Tarrillo Asonitas (2017), así como amenazas de muerte del propio ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, (2018) por pedir que se investigue el tráfico de tierras en la Rerserva Ecológica de Chaparrí y en las tierras comunales de Lambayeque”, sentenció.

Proyecto del Ejecutivo también se debate en el Congreso

Es importante mencionar que, a la par de los ocho proyectos mencionados, la Comisión de Vivienda del Congreso también está debatiendo el proyecto de ley que presentó el presidente Martín Vizcarra el pasado 28 de julio durante su presentación ante el Congreso de la República.

El mandatario anunció su proyecto de ampliación de la formalización de las posesiones informales hasta el 12 de julio de 2014, una fecha que, según el director ejecutivo de Cofopri, César Figueredo, fue establecido bajo criterios técnicos.

El representante de la entidad especializada en formalización de predios declaró a La República que el proyecto de ley que presentó el Gobierno, y que fue elaborado por Cofopri, presenta dos candados para evitar el tráfico de tierras: 1) el beneficiario solo podrá titular un predio a su nombre y 2) no podrá transferir dicho predio por un período de 5 años.

Además. Figueredo indicó que Cofopri no permite la formalización de terrenos que se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (puntualizó que también toman en cuentas las lomas y demás ecosistemas frágiles). zonas de amortiguamiento, zonas dónde se hallan restos arqueológicos y áreas de riesgo. “Todos estos puntos se diferencian de los proyectos de ley del Congreso que solo piensan en ampliar los plazos de formalización.”, agregó.