Contraloría: “Se quiere imponer la improvisación con la disculpa de la emergencia”

Juan Carlos Soto

Fabio Niño de Guzmán Paredes, gerente regional de Control Interno, dice, “no quiero ser general después de la guerra” para referirse a las advertencias de la Contraloría sobre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y su conducción deficiente en la emergencia sanitaria.

La Contraloría evacuó tres informes desde marzo pasado sobre el Hospital Honorio Delgado Espinoza y las condiciones inadecuadas para atender a los pacientes COVID-19.

No había ambientes de aislamiento-siendo un virus contagioso- tampoco personal. Había ventiladores pero no funcionaban por falta de accesorios, en la misma Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pretendían mezclar pacientes COVID y No COVID entre otras irregularidades. Las acciones de control simultáneo se hicieron cuando la pandemia comenzaba en Perú y el número de infectados en Arequipa era manejable. “Pudimos mejorar en algo las cosas… tuvimos cuatro meses para prepararnos mejor y no ocurrió eso. Pero eso estamos viendo una situación dramática”, nos dice.

Durante la emergencia, la Contraloría elaboró 414 informes, de ellos 51 corresponden al GRA. Se tratan de acciones de control simultáneo, una manera de prevenir el delito. Niño de Guzmán recurre a la analogía médica para explicar el trabajo de control simultáneo. El paciente está vivo, goza de salud y el médico lo asiste le da recomendaciones. “Si tenemos un paciente resistente a las sugerencias de su médico, ya sabemos cómo acaba la historia”.

Las observaciones no se han centrado en el hospital COVID. También a compras y obras sin expediente técnico. “Exigimos documentos mínimos que orienten la inversión pública. Pero parece que se reunieron en un despacho gerencial o del titular de la gestión y tomaron la decisión de hacer una obra”. Sin planificación no se puede saber cuánto costará la obra.

Qué explicación le dan…

“Déjenos trabajar, ya veremos cuando regularizamos”. Eso no permite la ley. Es un poco el reino de la improvisación y desorden. Todos amparados en decir: “estamos apurados por emergencia sanitaria”. Cada centavo del erario nacional tiene que cuidarse. Enfrentamos una situación crítica, si nos damos el lujo de construir un cementerio con observaciones que no se corrigieron pasará lo que pasó (el Poder Judicial paralizó los entierros).

Ministros y funcionarios sostienen que no puede gastar porque tiene encima a la Contraloría. La Ministra Mazzetti sostiene que la burocracia se ve atada de manos

No, es un autoconsuelo, es un consuelo tonto o una autoindulgencia. Es una justificación producto del desconocimiento. Reitero, no perseguimos a nadie. Hay una resistencia, producto del desconocimiento. Nosotros queremos que corrijan cosas, no buscamos sanción. Es una tarea de acompañamiento.

¿En qué falla el aparato público para gastar bien los recursos?

Número uno, no comprenden los alcances del control simultáneo. Sabemos de las urgencias y de las atenciones prioritarias rápidas, eso lo saludamos y lo aplaudimos, pero no por una emergencia sanitaria yo voy a dejar de cumplir la ley. La ley dice: “usted tiene unas facilidades de regularización en ciertos procesos de compra”, pero no te dice: “construye y después adecúa un expediente técnico a la medida de lo que has hecho y luego lo regularizas y lo presentas”. Eso no dice la norma.

¿En el hospital Goyenche construyen sin expediente técnico en servicios de emergencia?

Es un poco el patrón de conducta recurrente. Identificamos que el expediente técnico carece de respaldos profesionales clave en instalaciones sanitarias o en mecánica eléctrica. La ejecución de la obra no considera temas sencillos como vidrios que tengan seguridad y protección en las ventanas de acuerdo a lo especificado en la norma.La supervisión no estaba formalizada, la contratista no acreditaba la adquisición de seguros de complementarios para riesgos de trabajo. Situaciones que se pueden levantar, pero no tenemos la respuesta de la entidad.

¿Estamos hablando de un dolo?

No podría adelantar en este momento.

Contraloría supervisó la entrega de canastas de alimentos. También hubo irregularidades.

Se intervino 52 municipalidades. Ocho provinciales y 44 distritales. Hubo una suerte de improvisación y desorganización. No se tenía el padrón de beneficiarios, los bienes no se almacenaban en lugares con inocuidad, las adquisiciones no se regularizaban dentro del plazo establecido, entrega de productos, en muchos casos, vencidos o adulterados. Eso lo comunicamos al Ministerio Público, ellos investigan. Con su misma información detectamos que 130, entre funcionarios y empleados públicos recibieron las canastas básicas de alimentos pese a que tienen sueldos que va por encima de los 2 mil 500 soles y tres funcionarios que tienen entre 5 mil y 10 mil soles, que habrían recibido esos alimentos.

Después que pase la emergencia, la justicia tendrá mucho trabajo…

Totalmente. El Gobierno ha destinado unas cantidades exorbitantes de recursos y, en un país donde faltan recursos, no podemos darnos el lujo de permitir que estos se utilizan de una manera indiscriminada o injustificada.

Muchos van a decir que se puede utilizar a la Contraloría como un instrumento de persecución política ¿usted que puede responder ante eso?

Nunca. Ese es un argumento que no tiene ningún tipo de asidero, nuestro trabajo es técnico.