Defensoría da ultimátum para cierre de cementerios temporales en Lambayeque
Pidió que los fallecidos por COVID-19 enterrados en estas fosas sean reubicados en cementerios formales para una sepultura digna.
La República en GoogleCoronavirus en Perú. La Defensoría del pueblo dio un ultimátum a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) para fiscalizar los 13 cementerios temporales habilitados por los gobiernos locales, para enterrar a los fallecidos por COVID-19.
Incluso, según el oficio n.° 208-2020, pidió la clausura y cierre definitivo de estas fosas, pues no cumplirían con la normativa sanitaria ni se encontrarían ajustadas al marco legal vigente.
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En su momento el gerente regional de Salud, Juan Ordemar Vásquez, informó que ningún alcalde solicitó permiso para la construcción de estos cementerios temporales, cuya iniciativa fue promovida por el Comando Regional de Operaciones COVID-19.
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“Sin embargo, también es cierto que, la entidad a su cargo, lo está permitiendo ante la ausencia de fiscalización a la creación y ejecución irregular de (estos) cementerios temporales”, advierte el documento suscrito por el representante de la Defensoría en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes.
Para Hidalgo, la DESA ha “viabilizado ilegalmente" la procedencia de estos cementerios temporales, pues tal como informó La República no se encuentran contemplados en la Directiva Sanitaria n.° 087-2020-MINSA ni en la Ley de Cementerios.
Por ese motivo, la Defensoría solicitó que los cadáveres inhumados en estas fosas temporales sean reubicados en cementerios formales y adecuados para una “sepultura digna y salubre”.
La República intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la responsable de la DESA, Liliana Díaz Rojas, pero no contestó nuestras llamadas ni mensajes. Por su parte, el gerente aseguró haber requerido la información, pero hasta el cierre de esta nota tampoco la había recibido.
Hasta el momento, se desconoce si la entidad autorizó la habilitación de estos cementerios o si ha realizado alguna acción para fiscalizar su implementación. La Defensoría le dio un plazo de siete días para informar las acciones que han tomado.
